Bolivia exigió una tregua a quienes bloquean carreteras como condición para avanzar en el diálogo

El Gobierno de Bolivia exigió este jueves el cese inmediato de los bloqueos de carreteras como condición previa para avanzar en el diálogo con los sectores que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, pidió una “tregua” que permita restablecer la circulación en La Paz y otras regiones cercadas, mientras el primer contacto formal entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB) —celebrado el miércoles— concluyó sin acuerdo, frenado por la exigencia sindical de liberación de los manifestantes detenidos.

La reunión del miércoles se inició a última hora de la tarde en el auditorio del Banco Central de Bolivia, con la presencia de Paz y ocho ministros frente a una delegación encabezada por el líder de la COB, el minero Mario Argollo. El encuentro representó el primer acercamiento formal tras 43 jornadas de bloqueos. Argollo condicionó desde el inicio cualquier avance a la liberación de los manifestantes procesados y al respeto al fuero sindical. “Lo primordial y principal va a ser la liberación de nuestros detenidos. Si no, ante la población y ante nuestras bases, esto va a ser una traición”, declaró al término de la reunión, según El Deber. La negociación entró en cuarto intermedio y las partes acordaron crear una comisión jurídica para revisar caso por caso la situación de los aprehendidos.

El Gobierno rechazó, sin embargo, que el diálogo pudiera derivar en impunidad. Lupo sostuvo que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley” y reafirmó la necesidad de identificar a los responsables de los actos violentos y de la “asfixia” sufrida por las ciudades bloqueadas. La declaración del estado de excepción —reclamada por sectores ciudadanos y empresariales— permanece, según el ministro, “en permanente evaluación”.

El conflicto arrancó el 6 de mayo con movilizaciones convocadas por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz bajo demandas salariales y sectoriales, y escaló hasta incorporar la exigencia de dimisión de Paz, con el respaldo posterior de sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). En su punto más alto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registró cerca de 90 puntos de bloqueo activos en seis departamentos. Al cierre de esta jornada, la cifra rondaba los 70 puntos, con la mayor concentración en los accesos a La Paz y Cochabamba.

La crisis humanitaria y económica ha sido severa. Al menos 16 personas perdieron la vida, 13 de ellas por falta de atención médica ante el cierre de rutas que impidió el traslado de enfermos. El desabastecimiento afectó el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en La Paz y El Alto. Las pérdidas económicas acumuladas superan los 2.760 millones de dólares, según cifras oficiales, con más del 70% de las industrias paceñas con producción reducida o paralizada y entre 5.000 y 5.500 camiones varados en rutas del país.

El panorama negociador es además fragmentado. Los campesinos de la Federación Túpac Katari enviaron el martes una carta con cinco condiciones para dialogar, entre ellas una amnistía presidencial para los procesados. Los seguidores de Morales, por su parte, descartaron cualquier negociación e insistieron en la renuncia de Paz. Esta división obliga al Gobierno a conducir conversaciones paralelas con actores de agendas irreconciliables.

Con el diálogo en pausa y los bloqueos sin ceder en los accesos a La Paz, la exigencia gubernamental de tregua previa choca con la posición sindical, que vincula cualquier desmovilización a avances concretos. La comisión jurídica acordada tiene por delante la tarea de desanudar ese primer escollo antes de que las partes puedan definir una agenda de fondo.