Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) descartaron su repliegue y anunciaron que radicalizarán las medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz, en contraste con la decisión asumida por otros sectores sociales que flexibilizaron su posición y buscan un acuerdo con el Ejecutivo.
Los dirigentes cocaleros del Trópico de Cochabamba, al centro de Bolivia, informaron en una conferencia de prensa que mantendrán los puntos de bloqueo en su región para exigir la renuncia del primer mandatario. “A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca en una conferencia de prensa desde el bastión del exmandatario.
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Los dirigentes anunciaron que realizarán controles de las personas que transiten por la región porque sospechan que se están realizando trabajos de inteligencia para detener a Morales, sobre quien pesa una orden de captura por una denuncia de trata agravada de personas.
Durante el pronunciamiento, Auca expresó que los campesinos del Trópico están dispuestos a “defender” con su vida al expresidente Morales y advirtió al Gobierno que “no se atreva a intervenir” la región. “Cualquier movimiento en falso, aquí estamos listos, preparados, también tenemos inteligencia para hacer seguimiento y estaremos respondiendo al nivel que quieren provocar”, afirmó Auca.

Mientras tanto, otros sectores movilizados —como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz— han expresado su apertura al diálogo y la búsqueda de acuerdos con el Gobierno para levantar las medidas de presión. En documentos enviados al Ejecutivo, ambas organizaciones condicionaron las negociaciones a un listado de demandas que incluyen la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales, la liberación de los dirigentes detenidos y el cumplimiento de las promesas electorales, entre otros puntos.
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La flexibilización de ambas organizaciones, que inicialmente pedían la renuncia del presidente, se traduce en la progresiva disminución de los piquetes. Aunque todavía se mantienen más de 40 puntos en todo el país, el número es significativamente menor al de las semanas anteriores cuando se llegaron a reportar cerca de 90.
La interrupción del tránsito genera un fuerte impacto económico para sectores estratégicos como la industria, el turismo y el transporte. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la pérdida por siete semanas de conflictos se calcula en 2.500 millones de dólares.

La situación también la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, que sufre escasez de alimentos, de combustible y el encarecimiento de los productos básicos debido a los cortes en las vías de acceso.
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La advertencia de masificar los bloqueos en la región productiva del Trópico de Cochabamba supone la interrupción en el tránsito de una de las principales rutas que unen el occidente y el oriente del país. Por ese corredor circula el transporte de carga y pasajeros entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz, además de los productos de exportación que van desde el oriente hacia los puertos del norte chileno.
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