El Gobierno de Bolivia rechazó excarcelar a detenidos por ataques armados y empleo de explosivos durante los bloqueos

El Gobierno descartó liberar a los detenidos vinculados con ataques armados y uso de explosivos durante el conflicto social que sacudió Bolivia durante casi cincuenta días. La decisión se conoció tras el inicio de la mesa de diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, donde los dirigentes sindicales reclamaron la excarcelación de los arrestados en protestas y bloqueos.

La posición oficial se consolidó cuando el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que una comisión integrada por abogados del Ejecutivo, representantes legales de la COB y fiscales inició una revisión caso por caso de la situación de los procesados.

Según explicó, el análisis diferenció entre quienes participaron únicamente en manifestaciones y quienes, de acuerdo con las investigaciones, usaron explosivos, armas de fuego y ejercieron violencia grave contra efectivos policiales. Oviedo indicó que solo recuperarán la libertad quienes no estén vinculados a hechos delictivos graves.

El inicio de la negociación se produjo en medio de una crisis que llevó a la COB y a la Federación de Campesinos de La Paz a encabezar bloqueos de carreteras desde principios de mayo para presionar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de 16 fallecidos y pérdidas económicas millonarias.

El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reiteró que la normalización de la circulación y el levantamiento de los bloqueos eran condiciones fundamentales para avanzar en el diálogo. También pidió una tregua para restablecer la actividad en las regiones más afectadas, principalmente en La Paz.

“En este momento estamos con el mayor esfuerzo, en el muy corto plazo, para que el diálogo llegue a un acuerdo y desmovilice todo este bloqueo. La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (...) que se normalice la circulación”, señaló.

El proceso de revisión de los detenidos avanzó durante la noche del miércoles y se extendió hasta la madrugada, con los primeros resultados entregados a los abogados de la COB. Oviedo aclaró que la distinción entre manifestantes y quienes incurrieron en delitos graves sería determinante para las resoluciones y subrayó que las responsabilidades quedarán a cargo del Ministerio Público y las autoridades judiciales.

El ministro añadió que la declaración de un posible estado de excepción seguía bajo evaluación permanente, en función de la evolución de las protestas.

En la primera reunión entre el Gobierno y la COB, encabezada por Mario Argollo, los dirigentes sindicales condicionaron el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos. El Ejecutivo rechazó una amnistía general y sostuvo que no podía violar la ley ni otorgar impunidad a quienes cometieron delitos.

El Gobierno también cuestionó otros planteos de la COB, como la prohibición de negociar con organismos internacionales o la imposición de límites a la gestión económica. Señaló que esas exigencias excedían un diálogo sectorial y se asemejaban a intentos de cogobierno, y sugirió que la vía para influir en la política nacional era la participación electoral.

Durante los enfrentamientos, 55 policías resultaron heridos, con casos graves que incluyeron pérdida de la vista y disparos en la cabeza. El Ejecutivo usó ese dato para sostener su negativa a liberar a los implicados en hechos violentos y remarcó que ningún proceso de diálogo avanzaría si se pretendía desconocer esos episodios o garantizar impunidad.

La comisión jurídica continuó con la revisión individual de cada caso, con la expectativa de presentar resultados formales antes de reinstalar el diálogo. El Gobierno planteó que el objetivo inmediato era lograr acuerdos en el corto plazo para la desmovilización de los bloqueos y el retorno progresivo a la normalidad en el país.

(Según información del El Deber y EFE)