Un carabinero fue detenido en Chile tras ser acusado de apropiarse de USD 1.000 en un decomiso

Expulsado de la institución y con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó este domingo un carabinero acusado de apropiarse de $1 millón de pesos (USD 1.117), luego de un procedimiento policial por drogas en la ciudad de Ovalle (400 kms al norte de Santiago).

De acuerdo a información entregada por la Fiscalía local, el ahora exuniformado participó la madrugada del viernes pasado de un operativo en el que detuvieron a seis sujetos que se desplazaban en una camioneta.

Al revisar el interior del vehículo, los efectivos policiales hallaron droga y una buena cantidad de dinero contante y sonante.

Una vez llegados a la estación de policía aparecieron diferencias entre el dinero decomisado y los montos anotados durante el procedimiento. Para peor, el funcionario cuestionado declaró versiones encontradas y se negó a que revisaran sus pertenencias, razón por la cual desde el Ministerio Público pidieron de inmediato una orden al Juzgado de Garantía de Ovalle para inspeccionarlo a cabalidad.

Una vez recibida la autorización, sus propios compañeros hallaron el dinero en posesión del uniformado, por lo que fue detenido “en flagrancia”, dado de baja y formalizado por el delito de malversación de caudales públicos.

Delito especial

El abogado Víctor Fernández, detalló al final de la audiencia los alcances del delito de malversación de caudales públicos, el que solo aplica para funcionarios que trabajan para el Estado.

“La malversación de caudales públicos es un delito reservado para personas que ejercen un cargo público y que tienen bajo su responsabilidad recursos fiscales”, explicó al diario local El Día.

“Consiste en que una persona que tiene a su cargo recursos públicos se apropia de ellos para beneficio propio, de terceros, o los destina a fines distintos del interés social o público”, agregó, recordando que delitos de esta naturaleza no solo afectan al patrimonio estatal, sino que además socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“Lo que protege el ordenamiento jurídico es el patrimonio fiscal y la lealtad o dignidad del cargo. Además, hay un tema de confianza en las instituciones del Estado que se ve comprometido”, complementó.

Finalmente, y a pesar de que el Ministro Público pidió la medida cautelar de prisión preventiva para el excarabinero, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, estableciendo un plazo de 90 días para la investigación.