Evo Morales anunció que no se presentará al juicio oral por trata agravada de personas

Los abogados del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), anunciaron que su defendido no se presentará a la audiencia de juicio oral a la que fue convocado por un tribunal de justicia en el caso de trata agravada de personas que enfrenta. La audiencia fue fijada para el lunes 11 de mayo a las 08:20, hora local, en la ciudad sureña de Tarija, donde se desarrolló el proceso.

El abogado Nelson Cox cuestionó la legalidad del proceso y sostuvo ante los medios locales que el caso se basa en “una acusación forzada” con fines mediáticos y que “no corresponde que se presente” ante la justicia.

En tanto, el exprocurador del Estado y abogado de Morales, Wilfredo Chávez, calificó el juicio como “ilegal” al considerar que la causa fue abierta por segunda vez “quebrantando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento”.

La investigación inició en 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020) y fue rechazada un año más tarde, durante la gestión de Luis Arce (2020-2025), supuestamente por falta de pruebas. Sin embargo, en 2024 —en medio de la disputa política entre Arce y Morales— la Fiscalía volvió a impulsar la investigación bajo el argumento de que el proceso seguía vigente. En tanto, para la defensa de Morales, al haber existido rechazo fiscal, el tema quedó cerrado y no podía volver a ser juzgado por el mismo hecho.

El líder cocalero está acusado por la presunta vinculación con una menor de edad en el año 2016, cuando era presidente. Según la investigación, el exmandatario y la adolescente tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituye una de las 170 pruebas del delito recolectadas en el pliego acusatorio.

El expresidente fue convocado dos veces a prestar su declaración, en octubre de 2024 y enero de 2025. Ante la segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado dictó su arraigo, la anotación de sus bienes, ordenó su aprehensión y lo declaró en rebeldía.

En ese contexto, el líder cocalero permanece desde hace más de un año y medio en su bastión sindical del Trópico de Cochabamba, al centro del país, bajo custodia permanente de sus seguidores para evitar su captura por esta denuncia.

Tras darse a conocer la citación mediante edictos, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y dijo que las acusaciones en su contra son una campaña de lawfare.

Sin hacer referencia a un caso en específico, el expresidente responsabilizó a la administración de Rodrigo Paz de intentar “aniquilarlo” a través de la Justicia. “El gobierno ejecuta en mi contra una brutal persecución judicial y mediática con causas armadas para aniquilarme moral y físicamente; como en todos los casos de lawfare (guerra jurídica), presume mi culpabilidad y me condena sin el debido proceso que manda la Constitución Política del Estado”, escribió en su cuenta de X.

“No busco impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren —con pruebas legales y reales— los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, escribió Morares.

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