Polémica en Chile por ley que busca suspender o conmutar penas a reos adultos mayores con enfermedades graves

Esta semana, el Senado chileno aprobó en general con 23 votos a favor y 22 en contra un proyecto de ley presentado por parlamentarios de derecha que busca suspender o conmutar por arresto domiciliario las penas de adultos mayores con enfermedades graves, asunto que podría beneficiar a buena parte de los militares condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en el penal Punta Peuco, y a varios otros psicópatas y asesinos seriales actualmente tras las rejas.

Entre ellos se cuentan figuras como el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff -condenado a más de 1.000 años de prisión por secuestros, tortura y homicidios durante la dictadura de Augusto Pinochet-, y asesinos seriales como Julio Pérez Silva -el “psicópata de Alto Hospicio”- y Hugo Bustamante -el “asesino del tambor”-, condenado por el brutal crimen y violación de su hijastra menor de edad, Ámbar Cornejo, además de otros dos homicidios.

La iniciativa propone suspender o conmutar por arresto domiciliario las penas a aquellos presos que padezcan enfermedades o discapacidades que no puedan ser tratadas satisfactoriamente en un recinto penal, sufran enfermedades crónicas, estén en fase terminal o tengan un mínimo de 70 años de edad, pero cumplan 80 sumando su condena.

Sin embargo, tal como detalló la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, más de 12 mil reos podrían acceder a este beneficio de manera automática -400 de ellos condenados por delitos graves como violación, homicidio y parricidio-, “sin además tener mecanismos de acreditación de las circunstancias de salud que vayan a invocar al tribunal”.

Así las cosas, una vez aprobada en el Senado, las críticas desde el oficialismo y organizaciones de DDHH no se hicieron esperar.

Proyecto “Punta Peuco”

El primero en abrir los fuegos contra el “proyecto Punta Peuco”, como fue bautizado por el oficialismo, fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien aseguró a la salida del hemiciclo que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”.

“Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país (...) ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niños, niñas o adolescentes? Eso realmente no tiene ninguna explicación", sostuvo visiblemente emocionado.

De la misma opinión fue el exfiscal Carlos Gajardo, quien calificó la norma como “de locos” y “aberrante”, puesto que “beneficiaría a una larga lista de criminales, incluyendo a María del Pilar Pérez (La Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato”, según publicó en su cuenta de X.

De paso, recordó que los casos de condenados con enfermedades terminales “ya pueden ser conmutados por reclusión domiciliaria. Por lo tanto, el argumento de la enfermedad terminal es falso. Sinceren la discusión: están votando una ley de punto final encubierta”, lanzó, acusando a la derecha de buscar beneficiar a los militares presos por delitos de lesa humanidad.

En la misma línea, el presidente Gabriel Boric sostuvo que la iniciativa “consagra la impunidad para criminales” e hizo un llamado al Congreso a impedir su avance en la Cámara de Diputados.

“Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza. La justicia es justicia”.

La réplica de la derecha

Desde la otra vereda, en tanto, defendieron el proyecto de ley, pues tal como sostuvo Juan Irarrázaval, jefe de bancada del Partido Republicano, "en ningún caso" la idea es permitir que dicha cantidad de presos dejen las cárceles.

“Estoy seguro que el presidente José Antonio Kast lo evaluará en su momento, a ver si calza con su programa de gobierno”, manifestó.

Sus palabras fueron refrendadas por el senador Rojo Edwards y el diputado libertario electo, Hans Marowski, quienes llamaron a ponerle urgencia al proyecto y sopesar la idea de un indulto presidencial por parte de Kast, en caso de que la iniciativa sea finalmente rechazada.

“Nosotros apoyamos el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones para que no haya riesgo de reincidencia, que no salgan personas potencialmente peligrosas”, sostuvo este último.

Finalmente, desde la propia oposición el diputado Diego Schalper (RN), reconoció que la norma propuesta “jurídicamente tiene errores graves y hay que hacer correcciones profundas”.

Así las cosas, el polémico proyecto continuará ahora su discusión en particular en el Senado y está por verse si avanzará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite legislativo. Cabe señalar que el presidente Gabriel Boric no puede vetar el proyecto, pues solamente tiene atribuciones para hacerlo una vez que la ley sea promulgada.