La Corte Suprema confirmó la tarde de este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien es acusado por el Ministerio Público de presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Lavín Jr., como es conocido, es el esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, imputada por el desfalco municipal más grande en la historia del país, que asciende a unos USD 32 millones.
En concreto, la Fiscalía Metropolitana Oriente pone en entredicho un total de 34 facturas ideológicamente falsas y acusa el desvío de dineros públicos para solventar tanto sus campañas políticas como la de su esposa.
Sin embargo, el abogado de Lavín León, Cristóbal Bonacic, celebró el fallo pues “excluye el supuesto delito tributario, que fue algo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) sacó entre gallo y medianoche”.
“La solicitud de desafuero es una solicitud tardía, por cuanto mi representado deja de ser diputado en marzo de este año. El Ministerio Público perfectamente bien podía haber prescindido de esta instancia y haber seguido la investigación a partir de marzo. El hecho fue ganancioso para nosotros porque efectivamente privó al Ministerio Público de poder imputar el delito tributario”, aseguró.
De acuerdo al abogado defensor, “si el Ministerio Público quiere formalizar, está en su legítimo derecho (pero), obviamente va a dar cuenta de una investigación desprolija, donde existen una serie de diligencias de investigación que esta parte viene reclamando desde mayo del año pasado”, remató.
Las pruebas contra Lavín Jr.
En la querella de 44 páginas presentada por los abogados de la municipalidad de Maipú que permitió el desafuero de Lavín Jr, destaca la declaración de Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG S.A., quien señaló haber fabricado material gráfico para las campañas del ahora desaforado diputado por varios años. Tras acumularse una deuda millonaria, acordaron que el empresario le enviaría una serie de facturas ideológicamente falsas, las que el legislador rindió en el Congreso.
“Arnaldo Domínguez (el asesor de Lavín) me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría, ya que esa era la única forma en que él tendría que pagarme lo que debía, lo que yo acepté”, testificó.
Dichas facturas finalmente fueron 19, por un total de $17.882.310 (poco más de USD 19 mil) y hace pocas semanas, tratando de ponerse el “parche antes de la herida”, Joaquín Lavín León restituyó poco más de $7 millones de pesos (USD 7.500), a la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados por las cuestionadas facturas emitidas al Congreso, reconociendo tácitamente la irregularidad.
Sin embargo, el ex diputado UDI aseguró a la prensa que “todos los dineros fueron pagados a la imprenta” y que dicha restitución de recursos era “una provisión por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación del gasto. (…) todos los trabajos que hizo la imprenta fueron para hacer cuentas públicas, material gráfico”, aseveró.
La vuelta de mano
Según el testimonio de la encargada de finanzas de la imprenta MMG S.A -identificada como M.-, a un mes de asumir Cathy Barriga, su esposo envió un correo al entonces coordinador de comunicaciones de la Alcaldía y la empresa comenzó a recibir información privilegiada para acceder a licitaciones y contratos con el municipio de Maipú.
“Mi hermano me preguntó si estábamos inscritos en Chile Compra, y me dijo que había estar atentos a las licitaciones de Maipú porque alguien le había dicho que postuláramos”, señaló.
La testigo agregó, además, que Arnaldo Domínguez era “el contacto que yo tenía para cobrar las facturas de: Joaquín Lavín en todos sus vínculos comerciales; Municipalidad de Maipú, o sea de Cathy Barriga que era la alcaldesa de Maipú de ese entonces”.
La querella estipula que en total la municipalidad de Maipú pagó $88,8 millones de pesos (más de USD 94 mil) a MMG. S.A entre 2017 y 2021 y que por estos servicios Domínguez “cortaba la cola”, es decir, cobraba una comisión.
Individualizado como “el emisario” en la querella estampada, Arnaldo Domínguez es sin duda pieza fundamental en este puzzle, pues era quién transmitía las órdenes de Lavín.
“Joaquín Lavín controlaba el Municipio de Maipú a través de él. Todos lo conocían como asistente del diputado en la Municipalidad, y a pesar que (por lo que sé) nunca estuvo contratado por la Municipalidad, lo que él pedía a las jefaturas se tenía que cumplir porque era una instrucción directa ‘del diputado’, o sea, de Joaquín Lavín”, reza la declaración de otro testigo.
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