El escándalo del Banco Master sacude la confianza pública en la Corte Suprema de Brasil y en las instituciones

El jueves pasado, cientos de personas se reunieron frente a la sede del Banco Master para exigir la dimisión de José Antonio Dias Toffoli, juez del Supremo Tribunal Federal, a cargo del proceso contra Daniel Vorcaro, presidente de esta entidad bancaria, liquidada el pasado mes de noviembre por el Banco Central de Brasil bajo la acusación de fraude. Una manifestación de este tipo no se veía desde los tiempos de las grandes protestas contra el gobierno brasileño en 2013 por el despilfarro relacionado con el Mundial, y luego en 2016 a favor de la operación anticorrupción Lava Jato y contra las políticas económicas de la entonces presidenta Dilma Rousseff. En aquella época, miles de personas salieron a las calles en todo el país, presionando por su impeachment, que finalmente se produjo.

Una década después, el caso del Banco Master vuelve a destapar la caja de Pandora del poder brasileño, revelando la intrincada red de intereses y colusiones entre la política y las finanzas, en detrimento de los ciudadanos comunes. El panorama que emerge de las reconstrucciones realizadas por la prensa brasileña en estos días es el de instituciones debilitadas por sí mismas, como corearon los propios manifestantes del jueves, lo que podría ahora desencadenar un efecto en cadena de protestas callejeras en un año tan polarizado como este, marcado por las elecciones presidenciales de octubre. “Nunca la Justicia brasileña ha estado expuesta a una crisis tan grave”, declaró en sus redes sociales la filial brasileña de la organización no gubernamental anticorrupción Transparencia Internacional, que añadió que “Brasil necesitará mucho más que un código de ética para la Corte Suprema”.

Lo que la prensa ha revelado en estos días es la enorme disponibilidad económica del propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, quien en noviembre fue arrestado mientras intentaba huir de Brasil y que ahora sostiene ser blanco de “fuerzas internas” del Banco Central. Según las investigaciones, habría llegado a gastar hasta 16 millones de reales (3 millones de dólares) en la fiesta de quince años de su hija. El modelo de negocio de su banco consistía en la venta agresiva de certificados de depósito (CDB) con tasas de interés infladas, ocultas mediante un esquema piramidal financiero. Detrás de la fachada se escondían, sin embargo, carteras de crédito tóxicas, manipulaciones contables y una total falta de liquidez. En septiembre de 2025, Vorcaro intentó traspasar el banco, ya al borde del colapso, al BRB, una institución financiera pública controlada por el gobierno del Distrito Federal que incluye la capital Brasilia, proponiendo la transferencia de 2.000 millones de reales (378 millones de dólares) en activos tóxicos. Según declaró él mismo a la Policía Federal, sobre esta venta habló con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), quien lo niega.

Cuando finalmente el Banco Central intervino y liquidó el Banco Master en noviembre, la magnitud real de los daños apareció de inmediato en toda su gravedad. Las estimaciones hablan de pérdidas de hasta 30.000 millones de reales (5.671 millones de dólares), con el Fondo de Garantía de Créditos (FGC), un fondo financiado por los bancos para proteger a sus clientes, obligado ahora a desembolsar entre 7.500 y 10.000 millones de reales (entre 1.418 y 1.890 millones de dólares) para reembolsar a los depositantes, recursos públicos sustraídos a la sanidad, la educación y las infraestructuras. Entre las víctimas figuran también fondos de pensiones públicas. Rioprevidência, el fondo de pensiones del estado de Río de Janeiro, perdió por sí solo cerca de 970 millones de reales (183 millones de dólares), con un impacto directo sobre jubilados y empleados públicos.

Según el portal de noticias Metrópoles, el Banco Master también habría atraído el interés de la política. El senador Jaques Wagner, líder del gobierno de Lula en el Senado y una de las figuras más poderosas dentro de su Partido de los Trabajadores (PT), habría ejercido presiones activas sobre Vorcaro y el consejo de administración del banco para la contratación del exministro de Hacienda Guido Mantega, quien sirvió durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. A Mantega se le habría garantizado un salario de 1 millón de reales (189.021 dólares) mensuales como consultor en la operación de venta del banco al BRB, hoy bajo investigación por irregularidades. El hecho habría ocurrido después de que Mantega fuera rechazado por el sector privado para otros cargos, incluso en la joya de la minería brasileña, Vale.

El punto central que podría envenenar la campaña electoral presidencial y volverse contra Lula es que, a pesar de que públicamente el presidente atacó a Vorcaro sin nombrarlo, su partido bloqueó la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el fraude del Banco Master. “Es inaceptable que sigamos viendo a los pobres sacrificados mientras un ciudadano del Banco Master se apropió indebidamente de más de 40.000 millones de reales (7.561 millones de dólares). Y los bancos pagarán el precio. Un ciudadano que se apropió indebidamente de 40.000 millones de reales de este país”, dijo Lula el viernes durante un acto en Maceió, Alagoas, su principal bastión electoral, en el noreste del país. Pronunció estas palabras durante una ceremonia de entrega de viviendas populares en el marco del programa social Mi Casa, Mi Vida. Según informó Lauro Jardim en el diario O Globo a principios de diciembre, poco después de que Dias Toffoli decretara el secreto del proceso contra el banco, Lula habría almorzado en un encuentro privado con el juez y el ministro de Hacienda Fernando Haddad. “Durante el encuentro, el ministro de Hacienda explicó en detalle cómo operaba Daniel Vorcaro, sus tentáculos y toda la intrincada red de este escándalo financiero. Al final de la conversación, Lula le dijo a Toffoli: ahora tienes la oportunidad de reescribir tu biografía”, escribe Jardim, según quien Toffoli intentó fijar una nueva reunión con Lula para principios de febrero, sin recibir respuesta.

Precisamente, el juez Toffoli ha quedado atrapado en el torbellino de las polémicas, hasta el punto de que pronto se sabrá, quizás incluso esta misma semana, si renunciará al caso enviándolo a los tribunales de instancias inferiores, como habría sido la práctica habitual, o si, por el contrario, lo mantendrá. Nombrado por Lula en 2009 y relator del caso, Toffoli viajó en un jet privado con un abogado del banco sobre cuyo caso es juez pocos días antes de ser asignado aleatoriamente a la supervisión de la investigación. Además, sus hermanos recibieron una inversión de 1 millón de reales (189.021 dólares) de Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro, en un proyecto turístico familiar que, según Metrópoles, incluiría incluso un pequeño casino en un país como Brasil, donde los casinos están prohibidos. Aunque el presidente del STF, Edson Fachin, propuso en los últimos días un código de ética para la Corte Suprema, este fue de hecho ignorado, revelando una Corte más concentrada en la autopreservación institucional que en la rendición de cuentas. El propio Fachin calificó el comportamiento de Toffoli como regular, añadiendo que “quien intenta deslegitimar la Corte Suprema (STF) para erosionar su autoridad, con el objetivo de provocar el caos y el debilitamiento de las instituciones, está atacando el corazón mismo de la democracia constitucional y del Estado de derecho”.

“El STF utiliza el discurso de la defensa de la democracia como un escudo para rechazar cualquier crítica. La Corte Suprema no está bajo ataque ni amenaza. Simplemente debe responder a las exigencias de cumplir con sus deberes de transparencia e integridad respecto de sus miembros, tal como exige de quienes están sujetos a su jurisdicción”, escribe Roseann Kennedy en O Estado de São Paulo. Para el diario Gazeta do Povo, “las instituciones de la República ya no pueden tolerar que el ministro Dias Toffoli continúe encabezando las investigaciones sobre el Banco Master, un caso que, en rigor, ni siquiera debería llegar a la Corte Suprema”. Gazeta do Povo cita el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, según el cual un juez está impedido de participar en un proceso “cuando él mismo o sus parientes hasta el tercer grado tengan un interés directo en el procedimiento. La situación que involucra a los familiares de Toffoli cumple plenamente con este criterio. Toffoli ni siquiera podría haberse pronunciado sobre el caso, mucho menos ser relator de las investigaciones sobre el Banco Master”, se lee en el texto.

En el torbellino de críticas también ha quedado involucrado el otro juez del STF, Alexandre de Moraes, famoso por haber bloqueado X durante 39 días en 2024 y por haber sido el juez del proceso que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado. El despacho de abogados de su esposa, Derci Moraes, obtuvo un contrato de 24 millones de reales (4,54 millones de dólares) con el Banco Master, además de haber mantenido contactos directos con el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, como reveló la periodista Malu Gaspar. Moraes se defendió alegando que las conversaciones no estaban relacionadas con el colapso del banco. Cuando filtraciones revelaron la existencia del contrato, Moraes reaccionó abriendo investigaciones contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Tributaria Federal.