El drama de los desplazados por el avance del crimen organizado en el estado brasileño de Ceará

El crimen organizado brasileño continúa expandiéndose en el control del territorio. Más allá de las ciudades históricamente ocupadas por los grupos criminales, como Río de Janeiro, la gran novedad llega ahora desde uno de los estados más pobres del nordeste: Ceará. Aquí, desde hace al menos dos años, han aumentado de forma exponencial los llamados desplazados del crimen, familias enteras obligadas a abandonar sus casas y sus pueblos a causa de las amenazas de los grupos criminales. Los datos difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Ceará son alarmantes. Desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025 se registraron 219 casos, con un promedio de diez al mes. Se trata de una cifra obtenida cruzando los datos policiales con los de inteligencia, pero el número real podría ser mucho mayor debido a la subnotificación. En general, los desplazamientos se producen por dos motivos: o porque una familia ha recibido una amenaza directa de una facción criminal, o porque —y este es el fenómeno más preocupante— una comunidad entera se ve obligada a irse debido a la gravedad de los enfrentamientos entre facciones rivales.

En Ceará, el territorio está disputado por al menos cuatro grupos criminales. Los dos principales son el Comando Vermelho (CV), que opera en las zonas urbanas y en las periferias de la capital, Fortaleza, y el Primeiro Comando de la Capital (PCC), con mayor presencia en las regiones del interior y de frontera. Las facciones locales son los Guardiões do Estado, un grupo que se ha enfrentado directamente al CV y que ha sido objeto de alianzas con el PCC, y el TCP Cangaço, brazo del Terceiro Comando Puro (TCP) de Río de Janeiro, presente sobre todo en el interior del estado con el objetivo de controlar el territorio.

La capital de Ceará, Fortaleza, es una ciudad símbolo de la presencia criminal desde los años noventa, cuando operaba allí el broker de la mafia calabresa ’ndrangheta, Rocco Morabito. De Fortaleza es también el hermano del líder del PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, conocido como Marcolinha, encarcelado junto a su hermano en la prisión federal de Brasilia. Es conocido por haber actuado como interlocutor con el Comando Vermelho en nombre del PCC. En 2005, Fortaleza se hizo famosa en todo el mundo por un rocambolesco robo al Banco Central, con un túnel de 80 metros excavado desde una casa contigua para acceder al edificio. Se robaron 165 millones de reales y la leyenda sostiene que ese dinero ayudó al PCC en su ascenso criminal. Entre los condenados por el robo estaba José Almeida Santana, conocido como Pedro Bo, considerado miembro del PCC y asesinado el año pasado en un enfrentamiento con la policía en el estado de Goiás, que rodea completamente el Distrito Federal y su capital, Brasilia.

Es este clima de violencia y criminalidad, sedimentado a lo largo de los años, el que ha llevado a Ceará a convertirse en lo que es hoy, un estado donde las facciones criminales deciden quién puede permanecer en una vivienda o en un pueblo y quién no. Emblemático es el caso de Uiraponga, distrito de Morada Nova, en una de las regiones más áridas de Ceará, el sertão. De sus 2.000 habitantes solo permanecen cinco familias. Las demás se vieron obligadas a abandonar sus casas y reconstruir, con gran dificultad, sus vidas en otro lugar. El motivo es simple: los criminales del TCP Cangaço, en conflicto con los Guardiões do Estado, eligieron este territorio para sus enfrentamientos debido a su posición estratégica para el narcotráfico, en el valle del Jaguaribe, a menos de 200 km de Fortaleza y no lejos de otro estado clave para el tráfico de cocaína, Rio Grande do Norte.

Para los habitantes de Uiraponga, el conflicto entre facciones significó presenciar ejecuciones en la calle y ver, impotentes, invasiones violentas de comercios y viviendas, con la imposición de un clima de terror incluso para quienes no tenían ninguna relación con el crimen organizado. A resumir el sentimiento de soledad y abandono contribuye también la ausencia de un puesto policial, a pesar de haber sido solicitado en reiteradas ocasiones por los propios habitantes. Un escenario similar se registró en la periferia de Fortaleza, a los márgenes de la carretera CE-060, donde la comunidad de Jacarezal abandonó apresuradamente unas treinta edificaciones después de que las facciones criminales dejaran mensajes amenazantes en las puertas. En este caso, la disputa territorial es entre miembros del Comando Vermelho y del Terceiro Comando Puro, paradójicamente ambos originarios de Río de Janeiro, pero con fuertes ambiciones expansionistas en todo Brasil. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Ceará, solo el año pasado se registraron desplazamientos forzados en Maranguape y Pacatuba, así como en muchos barrios pobres de Fortaleza.

Al daño se suma la burla. El crimen organizado, por un lado, obliga a huir de sus hogares a ciudadanos inocentes, alquilando luego esas viviendas y lucrando con un bien que no le pertenece; por otro, construye y gestiona la venta de edificios enteros, como ya ha ocurrido en las principales favelas de Río de Janeiro. “La venta de inmuebles, el alquiler de inmuebles y el uso de inmuebles para otros fines también son actividades rentables. Se trata de una lógica de mercado ilegal y ultracapitalista”, declaró al diario Folha de São Paulo Renato Coseno, presidente de la Comisión para la Prevención y el Combate de la Violencia de la Asamblea Legislativa de Ceará.

El control territorial por parte de los grupos criminales se ha vuelto tan capilar y feroz que llegan incluso a controlar las conexiones de internet de barrios enteros, imponiendo a los habitantes una tasa de funcionamiento. Lo saben bien los empleados de las principales compañías de telecomunicaciones, que son constantemente amenazados y agredidos por narcotraficantes cuando intentan simplemente hacer su trabajo: instalar cables para conexiones regulares de internet. El último ataque ocurrió a comienzos de enero, en la región del puerto de Pecém, cerca de Fortaleza. En ese episodio fueron saqueadas y destruidas unas 140 cajas instaladas en los postes de luz, que sirven de enlace entre los proveedores de internet y los clientes. Como consecuencia, más de 3.000 usuarios quedaron sin conexión debido a los daños en los equipos de transmisión. El año pasado, decenas de empresas locales involucradas en la gestión de líneas de conexión quebraron por la pérdida de trabajo causada por las operaciones del crimen organizado. En aquel momento, según la policía, las órdenes de destrucción de las redes partían de miembros del Comando Vermelho de Ceará ocultos en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro.

A comienzos de año, Herbert Gonçalves Santos asumió el cargo de nuevo procurador general de Justicia de Ceará para el bienio 2026–2027 y colocó la seguridad pública en el centro de su mandato. En su discurso de investidura anunció el fortalecimiento de la colaboración entre el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad Pública para combatir el crimen organizado. “El Ministerio Público del Estado de Ceará está a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública para que podamos realizar juntos la lucha contra el crimen organizado”, afirmó, añadiendo que “con una colaboración institucional sólida y estratégica y, sobre todo, con coraje, […] venceremos esta guerra”. También en enero, el Ministerio Público de Ceará reforzó los Grupos de Actuación Especial para la lucha contra las organizaciones criminales (GAECO), creando además una unidad dedicada a los delitos cibernéticos. Estas medidas se suman a la asignación del año pasado de 160 millones de reales (30,23 millones de dólares), anunciada por el gobernador Elmano de Freitas, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que incluía un plan de incentivos para los agentes de policía por el aumento de la productividad. No obstante, pese a que los datos de 2025, divulgados a comienzos de enero, indican una reducción del 7,7% de los homicidios, que se situaron en torno a los 3.000, el crimen continúa amenazando la vida de las personas y obligándolas a huir.