Ecuador amplió la vacunación contra el VPH para personas que viven con VIH como medida de prevención del cáncer

La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en personas que viven con VIH/sida se ha convertido en una prioridad sanitaria en distintos países debido al mayor riesgo de desarrollar infecciones persistentes y cánceres asociados. En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador amplió la población objetivo de su estrategia de inmunización contra el VPH para incluir a personas que viven con VIH entre los 15 y 45 años, vinculadas a las Unidades de Atención Integral, con énfasis inicial en Guayaquil.

La decisión se sustenta en evidencia científica acumulada durante la última década. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel global: se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas se infectarán con al menos un tipo de VPH a lo largo de su vida. Aunque en muchos casos el virus desaparece espontáneamente, en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como quienes viven con VIH, la infección tiende a persistir por más tiempo y a evolucionar con mayor frecuencia hacia lesiones precancerosas y cáncer.

Datos de la OMS indican que el cáncer cervicouterino, causado casi en su totalidad por infecciones persistentes de VPH de alto riesgo, provocó alrededor de 660.000 nuevos casos y más de 350.000 muertes en el mundo en 2022. La carga de la enfermedad es desproporcionadamente alta en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso al tamizaje y a la vacunación ha sido históricamente limitado. En personas que viven con VIH, el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino puede ser hasta seis veces mayor que en la población general, de acuerdo con estimaciones del organismo internacional.

La estrategia implementada en Ecuador contempla la administración de un esquema completo de tres dosis para quienes inicien la vacunación antes de cumplir 46 años, conforme a la normativa sanitaria vigente. Este enfoque es consistente con las recomendaciones internacionales para poblaciones inmunocomprometidas, que requieren esquemas más robustos para lograr una respuesta inmunológica adecuada. La vacunación no solo protege frente al cáncer cervicouterino, sino que también reduce el riesgo de otros cánceres asociados al VPH, como los de ano, pene, vulva, vagina, orofaringe y región perianal.

La OMS ha subrayado que la vacunación contra el VPH es una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública. Estudios globales muestran que los programas de inmunización sostenidos pueden reducir hasta en un 90 % la incidencia de infecciones por los tipos de VPH incluidos en la vacuna, siempre que se alcancen coberturas altas y se mantenga el seguimiento clínico. En personas que viven con VIH, la vacunación se considera una herramienta complementaria —no sustitutiva— del control médico regular, el tratamiento antirretroviral y las pruebas de detección temprana.

En el caso ecuatoriano, la ampliación de la vacunación se articula con acciones de promoción y prevención desarrolladas en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, uno de los principales centros de atención especializada para personas que viven con VIH en el país. Las autoridades sanitarias han señalado que el objetivo es fortalecer una respuesta integral frente a las infecciones de transmisión sexual, reducir la incidencia de cánceres prevenibles y mejorar la calidad de vida de una población históricamente expuesta a barreras de acceso y estigmatización.

A nivel internacional, esta iniciativa se alinea con la estrategia global de la OMS para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública, que plantea tres metas al 2030: vacunar al 90 % de las niñas antes de los 15 años, realizar pruebas de detección al 70 % de las mujeres al menos dos veces en su vida, y tratar al 90 % de las personas con lesiones precancerosas o cáncer invasivo. Aunque la estrategia global se centra principalmente en niñas y adolescentes, la OMS reconoce la necesidad de adaptar las políticas nacionales para grupos con mayor riesgo, como las personas que viven con VIH.