Cuba cerró 2025 con casi 1.200 presos políticos: el informe que desnuda una represión que no se detiene

Cuba terminó el año 2025 con un saldo alarmante en materia de derechos humanos: 1.197 presos políticos y de conciencia, una cifra que no solo refleja la persistencia de la represión estatal, sino también su profundización.

Así lo revela el informe de cierre anual elaborado por la organización internacional Prisoners Defenders, que documenta 134 nuevas detenciones políticas solo durante 2025, en un contexto marcado por la falta absoluta de garantías judiciales y el uso sistemático del castigo físico y psicológico como herramienta de control social.

“Nuestra lista contiene personas sometidas a sentencias o disposiciones fiscales de privación de libertad sin supervisión judicial, sin debido proceso y sin defensa efectiva”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, durante la presentación del informe fechado el 15 de enero de 2026.

No se trata, aclara, de casos aislados ni de excesos individuales, sino de un sistema de persecución estructural que atraviesa todo el aparato estatal cubano.

Según el relevamiento, a lo largo de los doce meses de 2025 pasaron por las cárceles cubanas 1.290 prisioneros políticos, todos ellos sometidos a algún tipo de tortura, tal como la organización ya había demostrado en estudios previos. Solo en diciembre, diez nuevas personas fueron encarceladas —siete hombres y tres mujeres—, la mayoría en el oriente de la isla, acusadas en gran parte por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal vaga y recurrente utilizada para criminalizar la disidencia.

El impacto humano de estas cifras es devastador.

Entre los casi 1.200 presos políticos identificados hay 128 mujeres y 32 personas que fueron detenidas siendo menores de edad: 29 varones y tres mujeres. A esto se suma un dato particularmente grave: 464 presos políticos presentan patologías médicas severas y 42 padecen trastornos graves de salud mental, sin recibir atención médica ni psiquiátrica adecuada. “Son dolencias causadas o agravadas deliberadamente por la mala alimentación, los maltratos y la falta de atención médica”, denunció Larrondo.

Uno de los ejes centrales del informe es la condena a 219 manifestantes acusados de “sedición”, con penas que promedian los diez años de cárcel. Entre ellos, 16 fueron detenidos cuando aún eran menores, lo que vuelve a poner en evidencia el incumplimiento sistemático de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de protección de la infancia.

Pero el informe no se limita a describir la situación dentro de la isla.

Prisoners Defenders advierte que el modelo represivo cubano se está exportando, particularmente a Venezuela. La organización documentó la muerte de más de 64 militares cubanos integrados al anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, lo que confirma, según sus investigaciones, la presencia masiva de fuerzas represivas cubanas en territorio venezolano, pese a las reiteradas negaciones oficiales.

“Estamos sumando testimonios sobre torturas diseñadas y ejecutadas por agentes cubanos en Venezuela”, sostuvo Larrondo, quien explicó que los relatos coinciden exactamente con los 15 patrones de tortura ya identificados en cárceles cubanas: agresiones físicas, privación del sueño, posturas forzadas, tortura sexual y amenazas constantes. La metodología, señala el informe, es la misma.

Otro punto clave es lo que Larrondo denomina el “fraude del lenguaje”. Tanto en Cuba como en Venezuela, los gobiernos anuncian “liberaciones” que en realidad son excarcelaciones condicionadas, bajo amenazas y control policial permanente. “No son liberaciones, porque las personas siguen teniendo causas abiertas y condenas vigentes”, remarcó. En Cuba, recuerda el informe, en enero de 2025 el gobierno anunció la liberación de 553 presos, pero solo 219 presos políticos fueron efectivamente excarcelados, sin que ello implicara el fin de la persecución.

El cierre del informe es una interpelación directa a la comunidad internacional. “Basta de normalizar lo inaceptable”, reclamó Larrondo, y exigió a la Unión Europea, a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales medidas concretas, verificables y urgentes. “Las víctimas necesitan protección, visibilidad y justicia”, subrayó, citando incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión.