
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recomendó públicamente a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie a su cargo una vez que comparezca ante la Asamblea Nacional, en medio del escándalo generado por presuntas presiones indebidas dentro del sistema judicial y por las amenazas contra un juez que conoció un caso de narcotráfico relacionado con un ciudadano serbio. El mandatario sostuvo que el Estado garantizará la seguridad del magistrado afectado para que pueda concluir el proceso sin intimidaciones.
La recomendación fue difundida por Noboa a través de su cuenta oficial en X, donde subrayó que Godoy debería enfrentar las acusaciones fuera del cargo para no afectar la institucionalidad del organismo que dirige.
El jefe de Estado aclaró que no se trata de una imposición, sino de una exhortación política en un contexto que, a su criterio, ha deteriorado la confianza pública en la administración de justicia. Según el presidente, la permanencia de Godoy al frente de la Judicatura mientras se ventilan estos cuestionamientos compromete la credibilidad del sistema y alimenta la percepción de interferencias políticas.

El pronunciamiento presidencial se produjo tras la decisión del congreso de convocar a Godoy a una comparecencia ante el pleno, en el marco de un proceso de fiscalización que busca esclarecer su actuación frente a las denuncias que involucran a funcionarios judiciales. La citación fue aprobada por unanimidad y está prevista para los primeros días de enero, en una sesión que se anticipa como uno de los episodios políticos más sensibles del inicio de 2026.
El escándalo se originó a partir de la difusión de audios y denuncias que apuntan a presuntas presiones ejercidas desde instancias administrativas de la Judicatura para influir en decisiones jurisdiccionales. En el centro del caso se encuentra un juez especializado en materia penal y anticorrupción que conoció el proceso contra un ciudadano serbio condenado por delitos vinculados al narcotráfico. Tras dictar sentencia, el magistrado denunció haber recibido amenazas y aseguró que no contaba con las garantías de seguridad necesarias para continuar con normalidad su labor.
Noboa abordó este punto de manera directa y afirmó que el Estado no permitirá que jueces sean intimidados por estructuras criminales ni por intereses externos. Aseguró que se brindará protección al magistrado amenazado para que pueda concluir el proceso judicial correspondiente y ejercer su función sin presiones.

En su mensaje, el mandatario también advirtió sobre lo que calificó como intentos políticos de “tomarse” la justicia y otras funciones del Estado a través de la instrumentalización de estos escándalos. Sin mencionar actores concretos, sostuvo que existen intereses que buscan aprovechar la crisis para reconfigurar el control de los órganos de justicia y de participación ciudadana.
El oficialismo ha denunciado –sin evidencias– que existe un pacto político entre CREO, el partido del expresidente Guillermo Lasso, y el correísmo para que la alterna de Godoy, una académica que fue funcionaria durante el gobierno de Lasso, asuma la presidencia de la Judicatura. Todos los actores acusados han negado dichas negociaciones. No obstante, los asambleístas de ADN han difundido varios mensajes con esta teoría.

Mario Godoy, por su parte, ha rechazado haber intervenido de forma indebida en procesos judiciales y ha señalado que acudirá a la Asamblea para exponer su versión de los hechos. En días recientes solicitó licencias temporales para preparar su defensa, lo que generó críticas adicionales desde sectores políticos y de la sociedad civil que cuestionan su permanencia en el cargo mientras se desarrolla la investigación política.
La controversia ha reactivado el debate sobre la independencia judicial en Ecuador y sobre el rol del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial.
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