Bolivia: alcaldías y choferes definen tarifas transitorias del transporte en medio de reclamos por el precio del combustible

Algunas alcaldías de Bolivia lograron acuerdos con transportistas del sector público para definir tarifas de pasaje transitorias, tras una jornada de protestas y huelgas sindicales por el aumento de los precios de la gasolina y del diésel.

En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más extensa y poblada del país, la Alcaldía acordó con los choferes subir la tarifa del transporte público de 2,30 bolivianos a 3 hasta el 5 de enero, por lo que el servicio se restableció tras cuatro días de huelga en rechazo al Decreto Supremo 5503 que, entre otras cosas, elimina la subvención a los combustibles y eleva los costos de operación del sector.

Los transportistas buscan subir aún más el precio del pasaje, pero la Alcaldía, que regula el transporte urbano, exige estudios técnicos que respalden la tarifa propuesta por los choferes. A partir de hoy, se anunciaron multas y el retiro de la licencia de operación si los autobuses no retoman el servicio o cobran arbitrariamente un monto mayor al establecido de manera transitoria.

“La ciudad no puede seguir paralizada. Si no hay respuesta, vamos a retirar autorizaciones y habilitar el transporte libre”, manifestó el alcalde Jhonny Fernández, citado por el periódico El Deber.

Algo similar ocurre en la ciudad sureña de Tarija, donde tras una reunión de varias horas con los choferes, la Alcaldía definió el lunes por la noche una tarifa transitoria. Sin embargo, en otras ciudades como La Paz y Cochabamba no se ha modificado el precio del pasaje, pero hay denuncias de cobros irregulares.

Mientras la tensión se mantiene en las ciudades, el presidente Rodrigo Paz convocó a los alcaldes a una reunión este martes a las 15:00 en La Paz para establecer, junto al sector transporte, criterios para “ explicar de manera clara y técnica el contenido, alcance y finalidad” del decreto, además de “escuchar sus observaciones, inquietudes y propuestas”, señala la convocatoria.

Se prevé que en la reunión se establezcan los criterios para definir el costo del transporte urbano. En paralelo, este lunes, la Autoridad de Regulación y Fiscalización del Transporte inició un proceso para definir nuevas tarifas del transporte interdepartamental, considerando criterios de nivelación y sostenibilidad.

Estas negociaciones se dan en medio de un nuevo escenario económico tras la eliminación de la subvención a los carburantes que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel, que durante más de 20 años habían sido vendidos a un precio fijo significativamente más bajo que el internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).

Esta política, que suponía uno de los mayores gastos públicos con un desembolso semanal de 60 millones de dólares para la importación, se tornó insostenible a raíz de la crisis económica y la caída de la renta petrolera, que era el principal ingreso del país.

El 17 de diciembre, el presidente Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503, que si bien incluye otros puntos, como el aumento del salario mínimo nacional o la aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales, el tema del combustible centró la atención pública y desató protestas por su impacto en el presupuesto familiar.

A la protesta de los choferes urbanos, se sumaron juntas vecinales, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, el lunes cerca del mediodía hubo 20 puntos de bloqueo por conflictos sociales en seis de los nueve departamentos del país.

A pesar de que el Gobierno avanza con acuerdos sectoriales y logró desactivar algunas propuestas, la tensión se mantiene a la espera del resultado de la reunión con las alcaldías. Entretanto, la administración de Paz decretó feriado el jueves 25 y el viernes 26 de diciembre con el objetivo de “fomentar el turismo”, lo que hace prever una menor intensidad en las protestas al menos hasta el fin de semana.