Honduras celebra elecciones presidenciales bajo denuncias de fraude y la atenta mirada de Estados Unidos

Honduras enfrenta este domingo unas elecciones presidenciales decisivas, en las que más de 6,5 millones de ciudadanos están convocados a votar para elegir presidente, diputados y alcaldes. El proceso se desarrolla en un ambiente marcado por denuncias de fraude, polarización política y una profunda desconfianza institucional, sin un favorito claro entre los principales aspirantes. La jornada electoral se produce en un contexto de violencia, pobreza y crisis de legitimidad, factores que han debilitado la confianza de la población en el sistema democrático.

Además de elegir al próximo presidente, en los comicios de este domingo también están en juego 128 diputaciones del Congreso, 20 diputados del Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y 2168 regidores.

Las urnas estarán abiertas durante 10 horas desde las 7, hora local (13 GMT), hasta las 17. El CNE prevé divulgar los primeros resultados esa misma noche.

El país arrastra un historial de comicios cuestionados y rupturas institucionales, como el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro. La presidenta, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), concluye su mandato en medio de una sociedad polarizada y con un Congreso prácticamente paralizado por disputas políticas. El Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable de organizar los comicios, carece de un árbitro independiente, ya que los tres principales partidos se reparten el control de los órganos electorales, lo que incrementa el escepticismo sobre la transparencia del proceso.

Entre los candidatos con mayores posibilidades de triunfo destacan Rixi Moncada, abogada y exministra de Finanzas y Defensa, quien representa al oficialista partido Libre y propone “democratizar” la economía mediante una estructura fiscal más progresiva y mayor acceso al crédito. Sus rivales la acusan de nepotismo y de mantener la influencia de la familia Zelaya-Castro, a la que vinculan con las dictaduras de Venezuela y Cuba.

Por el lado de la derecha, Salvador Nasralla, comunicador y exvicepresidente de Castro, compite por el Partido Liberal en su cuarto intento presidencial, centrando su campaña en la lucha contra la corrupción.

Nasry “Tito” Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa, representa al Partido Nacional y se presenta como un gestor pragmático enfocado en las necesidades de infraestructura. En los últimos días recibió un contundente respaldo del presidente norteamericano, Donald Trump.

Los otros dos que aparecen en la boleta son Nelson Ávila, candidato del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), y Mario Rivera, de Democracia Cristiana. Sin embargo, a pocos días de los comicios, Rivera abandonó la contienda y manifestó su respaldo a Nasralla durante el cierre de campaña liberal.

Las denuncias de fraude han sido una constante en la campaña. Tanto Moncada como sus adversarios han advertido sobre posibles irregularidades, especialmente tras detectarse fallos en una prueba del sistema de resultados preliminares. Moncada declaró que no reconocería los resultados si persistían las dudas sobre el sistema. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha manifestado su preocupación por la retórica que pone en entredicho la legitimidad del proceso, señalando que las declaraciones diarias de los actores políticos generan incertidumbre y desestabilizan el ambiente electoral.

El trasfondo social y económico de las elecciones es igualmente complejo. Honduras registra una de las tasas de pobreza más altas de la región, con un 60% de su población en esa condición. La violencia, aunque ha disminuido en las principales ciudades bajo el estado de excepción decretado por Castro, sigue siendo alarmante, con 26,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha continúan extorsionando a la población, y el ejército ha retomado un papel central en la seguridad interna, pese a las promesas iniciales de fortalecer a la policía. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, cuestiona la eficacia del estado de emergencia y aboga por políticas públicas que fortalezcan la seguridad y la justicia sin restringir derechos constitucionales.

La migración es otro factor determinante. En 2024, Honduras recibió USD 10.000 millones en remesas, equivalentes al 27% del PIB, mientras que las deportaciones desde Estados Unidos han afectado a decenas de miles de hondureños. La economía y la seguridad son las principales preocupaciones de la ciudadanía, como expresa Johana Rodríguez, estilista de Tegucigalpa, quien considera que solo la mejora en estos ámbitos evitará que más personas busquen emigrar.

El proceso electoral hondureño ha captado la atención internacional. Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea han enviado observadores y han instado a respetar el voto. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, expresó su inquietud por la crisis política y las amenazas al CNE. Trump, por su parte, intervino en la campaña con un mensaje de apoyo a Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la Libertad en Honduras”, y vinculó a Moncada y Nasralla con el comunismo.

El líder republicano dijo que su país apoyará a Honduras en caso de que gane el candidato conservador. Además, anunció que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple ahora mismo una condena de 45 años de prisión.

En las calles, el escepticismo predomina entre los votantes. Martha Ramos, empleada doméstica de Tegucigalpa, declaró a la agencia AFP: “Espero que los que pierdan acepten (la derrota) y que las cosas cambien, que haya trabajo y menos violencia”. Otros, como Leydi Coello, ya no confían en las promesas de los candidatos tras años de inseguridad y precariedad.

Mientras Honduras acude a las urnas, la ciudadanía enfrenta el reto de elegir entre opciones que no han logrado satisfacer las demandas básicas de empleo y seguridad. El país permanece atrapado en una dinámica de corrupción y rivalidad entre élites políticas, lo que dificulta la atención a las necesidades más urgentes de la población.