
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua juramentó este jueves a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a tres jueces que están sancionados por Estados Unidos por apoyar la “represión” contra opositores por parte del régimen que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los nuevos magistrados, que fueron elegidos en la víspera, son la ahora ex fiscal general de la República Ana Julia Guido, los jueces de apelaciones Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, la jueza de Bluefields, Shura Bonilyn Welcome Crawford, y el abogado y exsecretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el departamento de Boaco José Manuel Fuertes Toledo.
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Guido, ex subdirectora de la Policía Nacional y ex guerrillera sandinista, fue sancionada por Estados Unidos por “permitir y beneficiarse de las actividades represivas” del régimen de Ortega y Murillo, y “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”.
En tanto, Rothschuh y Rodríguez son dos de los jueces que despojaron de su nacionalidad a más de 300 disidentes —entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez— y quienes fueron sancionados por Estados Unidos por esa razón.

Guido, Rothschuh y Rodríguez también forman parte de una lista 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio Ortega y Murillo, elaborada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
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Los cinco nuevos magistrados judiciales, que fueron propuestos por la Presidencia de la República, ocuparán las vacantes que dejaron Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes renunciaron a sus cargos por razones de edad o por motivos de salud en la última semana.
Desde febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia quedó integrada por diez magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces, que era de 16.
Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.
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Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
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(Con información de EFE)
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