La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel

Un tribunal de La Habana juzga este miércoles al artista y activista Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, para quien la Fiscalía de la dictadura cubana pide seis años de cárcel por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, tras colocar cuatro pancartas con mensajes que exigían “cambios ya” y respeto a los “derechos humanos” en una vía muy transitada de salida de la capital hacia Matanzas, según el escrito de acusación al que tuvo acceso EFE.

Almenares, de 34 años, es rapero y artista plástico habanero. El expediente fiscal lo presenta como responsable de haber pintado y desplegado cuatro lienzos blancos, de entre uno y dos metros y medio de lado, con consignas como “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”, “Queremos cambios ya Cuba Primero” y “Cuba Primero en las calles”. La Fiscalía sostiene que el objetivo de estas pancartas era “provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y crear descontento en la población”.

El escrito lo vincula con la organización opositora en el exilio Cuba Primero, a la que las autoridades califican de asociación “contrarrevolucionaria” con sede en Estados Unidos. Según la acusación, en agosto de 2024 Almenares habría recibido la instrucción de elaborar las pancartas y, posteriormente, un pago de 200 dólares del cubanoamericano Armando Labrador, fundador de la entidad, incluida en la lista de supuestos “terroristas” publicada por el régimen en 2025.

Activistas cercanos al artista niegan cualquier vínculo con Cuba Primero y denuncian que se intenta construir un caso para asociarlo con el terrorismo. Recuerdan que Almenares ha colaborado con colectivos como el Comité Ciudadano por la Integración Racial y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, y que ha denunciado el deterioro de servicios públicos en La Habana. Organizaciones de derechos humanos lo consideran un preso político; permanece en prisión provisional desde el 31 de diciembre de 2024.

El cargo de “propaganda contra el orden constitucional” forma parte del nuevo Código Penal cubano, aprobado en 2022. La norma prevé sanciones de entre tres y diez años de cárcel para actos de difusión o apoyo a actividades consideradas contrarias al orden político. Juristas independientes y ONG sostienen que esta figura amplía los márgenes punitivos para perseguir el disenso y sustituye al antiguo delito de “propaganda enemiga”, reforzado ahora en alcance y severidad.

Desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021, Human Rights Watch ha documentado un patrón de detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y el uso reiterado de cargos como desórdenes públicos, desacato o sedición contra manifestantes y opositores. Amnistía Internacional ha alertado, además, sobre juicios sumarios sin garantías suficientes, falta de acceso a la defensa y un papel central de testimonios de agentes del Estado.

La situación de los presos políticos continúa agravándose. Según Prisoners Defenders, hasta octubre de 2025 había 1.185 personas encarceladas por razones políticas en la isla, la cifra más alta registrada por la organización. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha identificado decenas de casos vinculados al 11J como detenciones arbitrarias, con denuncias de desapariciones forzadas y malos tratos.

En este escenario, el juicio contra Nando OBDC se interpreta como una prueba del alcance del nuevo Código Penal y del uso del aparato judicial para castigar manifestaciones no violentas de protesta. Si el tribunal ratifica la petición fiscal de seis años de cárcel, reforzará la percepción de que la legislación penal cubana se ha convertido en una herramienta para blindar al régimen frente a cualquier cuestionamiento público.