El gobierno de Brasil intensificó sus acciones para identificar y bloquear los recursos financieros de organizaciones criminales en el estado de San Pablo, en una ofensiva que sigue a la más mortífera intervención policial ocurrida recientemente en Río de Janeiro.
La nueva estrategia, articulada a nivel nacional, apunta a golpear las finanzas de las bandas responsables del narcotráfico y otras actividades ilícitas, en particular el Primer Comando de la Capital (PCC).
Tras un operativo que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro en el enfrentamiento con el Comando Vermelho, el foco de las fuerzas de seguridad se trasladó a San Pablo. En esta región, la policía desplegó procedimientos para cumplir órdenes de arresto y allanamiento vinculadas con el blanqueo de capitales en la estructura del PCC, considerado uno de los grupos delictivos más extensos e influyentes de Brasil y de América Latina.
Agentes y fiscales intervinieron empresas, bienes raíces y cuentas bancarias, dirigidos a cortar la circulación de fondos producto de operaciones de narcotráfico. Las investigaciones identificaron que los recursos de origen ilícito se integraban a la economía formal a través de establecimientos comerciales y estaciones de servicio, mezclando ingresos legales con ganancias del crimen.
Esta modalidad permitió introducir al sistema bancario sumas que, según estimaciones oficiales, podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, enfatizó la necesidad de atacar la base económica de estos grupos.
“Las acciones deben perjudicar la fuente de sustento de las organizaciones delictivas”, advirtió en una conferencia.
Frente a la multiplicación de métodos sofisticados para transferir capitales, las autoridades detectaron el uso de plataformas de bancos digitales y aplicaciones tecnológicas especializadas en transferencias rápidas.
Las órdenes judiciales ejecutadas recientemente sumaron nueve arrestos efectivos y numerosas incautaciones de bienes. Durante uno de los procedimientos, se reportó la muerte de un presunto integrante del PCC, mientras que cuatro personas resultaron detenidas.
El gobierno dispuso el congelamiento de cuentas usadas para filtrar ingresos procedentes de la distribución ilegal de combustibles, actividad que se ha consolidado como una vía frecuente para el lavado de dinero en la región sudeste del país.
Además de los delitos tradicionales relacionados con drogas, la Policía Federal abrió una investigación independiente por un ataque informático que permitió a una banda extraer más de 813 millones de reales (equivalente a 150 millones de dólares) de cuentas utilizadas en el sistema nacional de transferencias PIX.
El acceso ilegal ocurrió mediante el hackeo de una empresa de tecnología asociada a bancos, lo que derivó en la fuga masiva de fondos. Las fuerzas federales buscan cumplir 26 órdenes de prisión y 42 de registro en siete estados, mientras se coordina con agencias internacionales en España, Portugal y Argentina para rastrear a sospechosos ubicados fuera del país.
La magnitud del operativo apunta a cortar la cadena de financiación tanto del PCC como de otras redes delictivas con actividad global.
Con el despliegue en São Paulo, el plan de seguridad se reorienta para priorizar los eslabones económicos y técnicos que respaldan el funcionamiento de estas agrupaciones, incluyendo rutas de blanqueo basadas en nuevas tecnologías financieras.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que endurece las sanciones contra integrantes del crimen organizado, con énfasis en la urgencia de proteger a la población civil y a las propias fuerzas policiales.
“No podemos aceptar que el crimen organizado destruya familias y propague violencia por todo el país”, sostuvo.
“Hace falta coordinación para atacar la raíz financiera del narcotráfico sin poner en peligro la vida de inocentes”, agregó.
La colaboración con organismos internacionales y bancos continuará expandiéndose. El objetivo consiste en trazar el flujo de fondos ilícitos y anticipar movimientos de las bandas en respuesta a la presión estatal, en una carrera que incluye inteligencia financiera y cooperación transfronteriza.
(Con información de EFE y AFP)
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