La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó un proyecto de ley destinado a la protección de niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a femicidios. La iniciativa pasó al Ejecutivo para su promulgación, hecho celebrado por organizaciones que promovieron la normativa.
La denominada “Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Femicidio y otros Delitos contra la Vida” recibió el visto bueno en el Senado la noche del miércoles, en una sesión a la que asistieron representantes de la Alianza por los Huérfanos de Femicidio en Bolivia y familias de víctimas.
La aprobación de esta ley, que ya había sido respaldada en la Cámara de Diputados, fue reconocida por entidades de la alianza como la Fundación Voces Libres y la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, impulsoras del proyecto durante dos años.
La Comunidad de Derechos Humanos Bolivia expresó a través de sus redes sociales: “Esta norma representa un paso fundamental en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por la violencia femicida”. También resaltó el “trabajo sostenido” de la alianza para concretar la normativa.
Mercedes Cortez, coordinadora nacional de Voces Libres y miembro de la alianza, afirmó que la aprobación fue posible “con la fuerza que nace del amor” hacia los menores “a los que han visto sufrir” por la pérdida de sus madres y por las “hermanas que ya no están porque fueron asesinadas”.
La Coordinadora de la Mujer, que agrupa a más de treinta organizaciones defensoras de la igualdad, remarcó que la aprobación constituye “un paso fundamental hacia la justicia, la reparación y la garantía de una vida digna” para los menores “que han perdido a sus madres por la violencia machista”.
Las organizaciones solicitaron al Gobierno saliente de Luis Arce promulgar la ley para que la protección integral y la reparación lleguen a estos niños y adolescentes.
El Senado explicó que la ley busca “garantizar atención integral, protección social y reparación” a menores huérfanos como consecuencia de delitos de femicidio, asesinato cometido por la pareja o ex pareja; y homicidio-suicidio en contextos de violencia familiar.
El proyecto establece, entre sus principales medidas, el pago de un bono mensual “que no será inferior al 20% del salario mínimo nacional” para el tutor o apoderado de los menores.
Con un salario mínimo en Bolivia de 2.750 bolivianos (aproximadamente 395 dólares), la renta prevista sería de unos 550 bolivianos (79 dólares).
El beneficio se otorgará en dos modalidades: una provisional, entregada desde el inicio de la investigación, y otra definitiva, posterior a la sentencia ejecutoriada contra el autor del delito.
La ley incluye garantías estatales para la educación, la salud, el apoyo psicológico de las víctimas, y la provisión de un subsidio alimentario para menores de cinco años.
Entre el 1 de enero y el 10 de octubre, la Fiscalía de Bolivia reportó 62 casos de femicidio en el país.
De acuerdo con el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, entre enero y septiembre de este año, 73 niños y adolescentes quedaron huérfanos a consecuencia de estos delitos.
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