Paro Nacional en Ecuador: gobierno e indígenas de Otavalo reabren el diálogo tras 24 días

El intento de acercamiento entre representantes del Gobierno ecuatoriano y comunidades indígenas de Imbabura ha dado paso a las primeras conversaciones directas desde el inicio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Este diálogo, mediado por la Iglesia Católica y la Alcaldía de Otavalo, se concretó tras una de las jornadas más violentas registradas desde el comienzo de las protestas.

La tarde del 14 de octubre, mientras helicópteros militares sobrevolaban Otavalo y los enfrentamientos se extendían por la Panamericana Norte, la alcaldesa del cantón, Anabel Hermosa, y el párroco de San Francisco de Otavalo, padre Cristian Andrade, iniciaron gestiones para tender un puente entre las comunidades y el Gobierno. “Ha sido una jornada bastante dura, triste, dolorosa. Ya no podíamos seguir en esta situación (…). Lo importante era dar el primer paso”, afirmó Hermosa ante los comuneros al anunciar la mesa de diálogo prevista para el 15 de octubre.

El encuentro surgió luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, llegara a Otavalo con un convoy militar y policial enviado desde Quito con la consigna de “abrir todas las vías” y restablecer el orden en la provincia de Imbabura. El operativo, iniciado la madrugada del martes, derivó en violentos choques que dejaron decenas de heridos y más de 40 detenidos. La Confederación denunció “una ofensiva militar” contra el pueblo Kichwa Karanki y solicitó la intervención de la Cruz Roja Internacional y organismos de derechos humanos como la CIDH y la ONU para documentar los hechos.

El padre Andrade relató que la mediación comenzó de forma improvisada. “La alcaldesa me convocó alrededor de la una y media de la tarde porque todo era un caos. Nos reunimos con dirigentes locales y acordamos llevar su voz al ministro”, explicó en declaraciones a Primicias.

Tras insistir en que se escuche a las bases, el párroco y la alcaldesa lograron ingresar al cuartel policial y plantear un diálogo formal. “Le dije al ministro que acoja lo que él mismo dijo en rueda de prensa: que quería hablar con las bases. Nosotros lo estábamos haciendo posible”, relató Andrade a Primicias. Finalmente, el Gobierno accedió a recibir a seis representantes de las comunidades kichwas de Otavalo, San Pablo, González Suárez, Eugenio Espejo y La Rinconada.

Los delegados plantearon cuatro exigencias: la derogación del artículo 126 del Código de Seguridad Ciudadana —que regula las protestas y ha sido cuestionado por organizaciones indígenas—, el traslado de los 12 detenidos a centros de reclusión cercanos a Ibarra, la no judicialización de líderes comunitarios y la liberación inmediata de los arrestados durante las protestas. Según Andrade, el ministro Reimberg aceptó no presentar cargos judiciales como “gesto inicial de buena voluntad” y anunció que este punto se revisará en una nueva reunión programada para esta semana.

El sacerdote también advirtió un cambio en la composición de las negociaciones: “Parece que el pueblo indígena está cansado de las dirigencias. Lo que quieren es hacer algo muy propio, sin que intervengan los dirigentes nacionales”, dijo al medio ecuatoriano, en referencia a la ausencia de representantes de la Conaie en la reunión.

Por su parte, la Conaie también fijó su posición política tras la jornada de protestas en Imbabura. En un Consejo Ampliado celebrado el 14 de octubre, la organización emitió un documento con ocho resoluciones en el que denuncia “la violenta y atroz represión” que, según afirma, estaría implementando el Gobierno en la provincia. El texto califica el ingreso del convoy estatal como “una avanzada militar” y una “estrategia de guerra” que habría incluido allanamientos sin orden judicial y “graves violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, la Conaie exigió la intervención de la ONU, la CIDH y la OEA para frenar lo que considera una represión contra los pueblos movilizados del norte del país, y anunció que conformará su propio “convoy humanitario” y una “misión médica” para asistir a las comunidades afectadas.

El Consejo Ampliado también resolvió rechazar la consulta popular y el referéndum propuestos por el Ejecutivo, al considerar que “pretenden instaurar un régimen autoritario” y “ocultar la incapacidad del Gobierno para resolver la crisis económica y social”. La Conaie anunció una campaña nacional por el “NO” en defensa de los derechos colectivos, la democracia y la autodeterminación de los pueblos, y ratificó su proyecto político “anticapitalista, antiimperialista y anticolonial”.

Además, demandó la liberación de los detenidos durante las protestas y una investigación independiente sobre los hechos ocurridos en Imbabura, al advertir que el Estado estaría incurriendo en “delitos de lesa humanidad”, según consta en el documento oficial difundido por la organización la noche del 14 de octubre de 2025.