En medio del desabastecimiento de combustible en Bolivia, surgieron reclamos sobre la calidad del carburante que se comercializa en el país. La Asociación de Transporte Libre de La Paz, informó que recibió denuncias de sus afiliados sobre daños en los vehículos, porque presumen que la gasolina distribuida contiene un nivel bajo de octanaje y una mayor cantidad de etanol a la permitida por ley.
“Existe una susceptibilidad de que esté llegando el combustible con un octanaje muy bajo, lo cual debilita la potencia de las movilidades, y por la topografía de nuestra ciudad (La Paz) el octanaje es importante”, declaró Limbert Tancara, dirigente del sector, en una entrevista en la Radio Panamericana.
El representante de los choferes explicó que los daños principales se registran en la bomba de gasolina, los inyectores y algunos sensores. Ante esa situación, la asociación envió una nota al Ministerio de Hidrocarburos solicitando explicaciones técnicas sobre la calidad del carburante.
En la misma línea, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz denunció que un 60% de los vehículos que ingresan a los talleres mecánicos presentan fallas relacionadas con la gasolina. Miguel Bonilla, presidente de la entidad, señaló en conferencia de prensa que los problemas más frecuentes son daños en inyectores, catalizadores, bombas de combustible y pérdida de potencia en los motores.
“Tenemos problemas serios en los vehículos y esto se debe a la mala calidad del combustible. Antes era con la gasolina especial, ahora también ocurre con la premium”, advirtió.
En respuesta a estas acusaciones, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) manifestó que existen filtros de control y garantizó que el combustible que se vende en las estaciones de servicio cumple con todos los estándares de calidad.
La vocera de la entidad, Ángela Marín, también atribuyó los reclamos a la supuesta compra de combustible en el mercado negro. “Si se abastecen en lugares clandestinos, será bajo su responsabilidad pero lo correcto es que no se contribuya la contrabando”, afirmó Marín ante los medios.
Las quejas se dan en medio de periodos de suministro irregular de diésel y gasolina, a raíz de la baja producción local y la crisis económica que atraviesa Bolivia, que afecta directamente a la importación de combustible. El país depende de las importaciones para abastecer su mercado interno: compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita, y lo vende a un precio menor que el real por su política de subsidios.
El gasto en importación de combustible es creciente. Según datos oficiales, prácticamente se triplicó desde 2014 y desde 2022 que el déficit por importaciones supera ampliamente los ingresos por exportaciones de hidrocarburos, que hasta hace poco fue su principal fuente de ingresos.
En 2024 se destinó cerca de 3.349 millones de dólares para la compra de combustible y para esta gestión se presupuestaron 56 millones de dólares semanales, un monto que según el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, resulta insuficiente para cubrir la demanda.
El bajo precio del combustible en Bolivia (alrededor de 0,53 centavos de dólar por litro) generó redes de contrabando hacia países vecinos y su escasez, el incremento de venta ilegal a un precio que puede triplicar su valor oficial en el país.
En ese contexto y ante el desabastecimiento casi crónico diésel, choferes del transporte pesado de Santa Cruz iniciaron el lunes una protesta en la oficina de YPFB en demanda de diésel para cumplir con sus labores cotidianas y la Confederación de Choferes de Bolivia anunció que realizará un paro de transporte “de despedida” contra el Gobierno, que concluye sus funciones el próximo 8 de noviembre.
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