
En una sentencia histórica, el Ministerio Público chileno logró su primera condena por el delito de suicidio femicida desde que comenzó a regir la denominada Ley Antonia, luego de acreditarse este figura legal en la muerte de una mujer en la ciudad de Copiapó (800 kms al norte de Santiago), en 2023. El acusado fue condenado a cinco años de prisión, pena que cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.
Ariel Guzmán Moya, fiscal adjunto de esa ciudad, explicó que tras el fallecimiento de la víctima “y con información entregada posteriormente por familiares de la víctima, la Fiscalía amplió el foco investigativo al existir acciones que calificaban para investigar el nuevo tipo penal de suicidio femicida“, según consignó el portal de noticias de CHV.
El persecutor detalló que, a fin de establecer fehacientemente los hechos, la Unidad Especializada de Género del Ministerio Público local ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) recopilar las pruebas que finalmente llevaron a acreditar que el agresor, pareja de la víctima y padre de su hijo, ejerció violencia física y sicológica sobre la mujer previo a su fallecimiento, lo que la habría llevado a tomar la drástica decisión de poner fin a su vida.
Por su parte, la directora de Unidad de Género de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, aseguró que los hechos constitutivos de delito se desarrollaron de manera sistemática en un contexto de violencia de género.
“Por esta razón es que hacemos el llamado a mirar estos casos como una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por parte de los agentes del Estado, además de un problema de seguridad pública que implica mirar con perspectiva de género todos estos ilícitos para evitar la impunidad de sus autores”, manifestó.

Ley Antonia
En diciembre de 2022, el gobierno de Boric promulgó la Ley Antonia, la que busca resguardar el trato digno y la integridad de víctimas de violencia sexual y que creó dos nuevos tipos penales: la inducción al suicidio y el suicidio femicida.
Dicha ley sanciona a quien “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por éste en contra de la víctima, causare el suicidio de una mujer“.
La normativa indica que los condenados por estos delitos serán “sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida", aunque no establece un límite de tiempo al respecto, lo que según algunas voces contrarias a la ley abre las puertas a posibles confusiones o abusos.
Cabe recordar que la Ley Antonia se inspiró tras el suicidio de Antonia Barra (21), cuyo único imputado, Martín Pradenas Dürr, recibió 17 años de cárcel a fines de julio de 2023 tras un largo juicio por los delitos reiterados de abuso sexual y violación contra víctimas mayores de 14 años y una menor de esa edad.
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