Después de 17 años de proceso, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia determinó anular el juicio penal contra el líder opositor Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando (norte) bajo el argumento de que se vulneró el debido proceso. Fernández fue sometido en 2008 a un proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades, como habría correspondido según las autoridades judiciales conforme al precedente vinculante de una sentencia constitucional.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que la causa fue remitida a la Fiscalía General del Estado para que inicie el procedimiento conforme al marco jurídico correspondiente al fuero especial. “La jurisdicción ordinaria nunca tuvo competencia para procesar a Leopoldo Fernández, ya que el hecho imputado data de 2008, cuando él aún ostentaba el cargo de prefecto”, afirmó Ortega, citado por el diario Correo del Sur.
El magistrado explicó que el auto supremo se fundamenta en el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional 405/2023-S4, la cual establece que los ex prefectos deben ser juzgados por la vía de juicio de responsabilidades cuando los delitos atribuidos se relacionan con el ejercicio de sus funciones.
Fernández fue procesado por el caso Porvenir, uno de los hechos más trágicos y controvertidos de la historia reciente del país, relacionado con los hechos de violencia registrados el 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando, cuando se produjo una emboscada de campesinos afines al gobierno de Evo Morales, quienes se dirigían a una reunión convocada por la Prefectura.
En la localidad de El Porvenir, distante a unos 33 kilómetros de la capital, grupos armados, presuntamente vinculados al entonces prefecto Fernández, atacaron a los campesinos, resultando en al menos una decena de muertos y varios heridos. El caso fue calificado por el Gobierno como una “masacre” planificada con motivaciones políticas, en el marco de tensiones entre el gobierno central y sectores opositores de la llamada “media luna”, integrada por los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
A raíz de los hechos, la administración de Morales declaró estado de sitio en Pando y envió fuerzas militares para tomar el control de la región. El prefecto Fernández fue detenido y posteriormente acusado de genocidio, asesinato, terrorismo y otros delitos. El caso generó una fuerte polarización en el país, ya que mientras algunos sectores consideraban los hechos como un acto criminal impulsado por sectores de derecha, otros sostenían que la respuesta del gobierno fue desmedida y utilizada con fines políticos para acallar la oposición.
Tras años de proceso judicial, Fernández fue sentenciado a 15 años de cárcel en 2017 por el delito de homicidio junto con otras 13 personas. Estuvo en prisión preventiva entre 2008 y 2013, y posteriormente cumplió detención domiciliaria hasta 2019.
Tras la anulación del juicio de Fernández, el político fue visto este miércoles con el candidato a presidente de la alianza Libre, Jorge Quiroga, en un mitin en Cobija, quien destacó su “coraje y dignidad” y en el que el ex prefecto le expresó su respaldo de cara a las elecciones del próximo domingo.
Para algunos abogados y analistas en Bolivia, la anulación de los cargos contra el líder opositor sienta un precedente positivo para la ex presidenta Jeanine Añez y el ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, entre otros políticos detenidos.
En tanto, el Gobierno, a través de la ministra de Justicia Jessica Saravia, manifestó que antes de tomar una posición institucional sobre el caso de Leopoldo Fernández, analizarán los fundamentos jurídicos del fallo.
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