
Desde febrero de 2025, el régimen de Nicaragua ejecuta una retirada sistemática de instituciones de derecho internacional y organismos humanitarios. Cada salida sigue el mismo guion: una carta o decreto oficial que califica a las agencias como “mentirosas”, “colonialistas” o parte de “maniobras de injerencia” emprendidas por potencias occidentales para desestabilizar al régimen.
En un comunicado del 27 de febrero de 2025, Rosario Murillo, copresidenta, declaró en medios oficiales: “Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites”.
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La decisión se tomó luego de que un informe del Grupo de Expertos de la ONU documentara ejecuciones extrajudiciales y represión militar en las protestas de 2018.
En las mismas declaraciones, Murillo afirmó que Nicaragua no reconoce el informe del Grupo de Expertos de la ONU “al igual que los informes anteriores”. La dictadura rechazó el informe, calificándolo de “falsedades, calumnias y mentiras”.
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Apenas unos días antes de la intempestiva salida del Consejo, el 4 de febrero de 2025, Nicaragua anunció el cierre de la oficina de la FAO. La acusó de injerencia y distorsión informativa luego de que el organismo incluyera a Managua en una lista de países con inseguridad alimentaria.
“La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta organización y exigimos el cierre de su Representación y oficinas en Nicaragua a lo inmediato”, demandó el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke.
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El 28 de febrero el régimen informó el retiro de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) acusándolos de politizar temas migratorios y laborales para desestabilizar al régimen. En un mensaje, Murillo consideró sus resoluciones “parcializadas” y “sesgadas” e interferentes en asuntos domésticos.
A mediados de junio de este año, la dictadura también retiró su participación de la UNESCO (Educación, Ciencia y Cultura) luego de que la agencia otorgara el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025 al diario La Prensa, crítico con el gobierno.
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“Es profundamente vergonzoso que la Unesco aparezca como la promotora, y obviamente cómplice, de una acción que ofende y atenta contra los valores más profundos de la identidad y cultura nacional de Nicaragua, faltando a su objetividad y desacreditándose a sí misma”, indicó en una nota el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El día anterior, la propia Murillo atacó duramente a la Unesco tras anunciarse el premio a La Prensa, medio nicaragüense al que la esposa de Daniel Ortega tildó de “engendro diabólico de antipatria nicaragüense”.
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El 12 de junio, la dictadura cerró una nueva etapa de rupturas al anunciar su salida de ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados), acusándolo de inflar cifras sobre exilados (más de 194.000 en Costa Rica) y de injerencia política. ACNUR había pedido ayuda internacional por los recortes en servicios para refugiados nicaragüenses.
“ACNUR, como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha dejado de lado su naturaleza acordada por las naciones miembros, para convertirse en un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados, al servicio de las potencias que aún no aceptan el derecho de los pueblos y naciones a su soberanía y autodeterminación”, expuso el canciller Jaentschke en una carta dirigida a Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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Mientras la dictadura nicaragüense desmantela su presencia en la ONU, da pasos en sentido contrario buscando las propuestas promovidas por Moscú y Pekín.
El 26 de junio pasado Nicaragua se incorporó oficialmente a la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), tras la aprobación unánime de un decreto presentado por la Presidencia de la República ante la Asamblea Nacional.
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Establecida el 30 de mayo de 2025 en Hong Kong, bajo liderazgo de China, la OiMed se presenta como una alternativa “no confrontativa” a la Corte Internacional de Justicia, facilitando soluciones amistosas entre Estados. En esta estructura, China dice buscar la mediación flexible, centrada en el diálogo igualitario, evitando una mentalidad de ganadores y perdedores.
Según la propaganda oficial, se pretende que los conflictos sean resueltos en la OiMed en lugar de acudir a La Haya o el arbitraje occidental.
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Asimismo, el pasado 20 de junio, la dictadura de Ortega y Murillo firmó con Rusia en San Petersburgo un acuerdo de protección mutua. El acuerdo, como es la tradición, fue aprobado en el pleno parlamentario por unanimidad. Este pacto garantiza que ambos países se abstendrán de permitir procesos criminales internacionales que puedan afectar a sus nacionales.
Los expertos consideran que esas instancias ganarán espacio sólo si los países empiezan a llevar sus casos ahí, en lugar de acudir a La Haya o al arbitraje tradicional, algo que por ahora no está ocurriendo.
Para los críticos del régimen, el alineamiento es menos una estrategia legal alternativa y más una búsqueda de impunidad. La OiMed y el acuerdo con Moscú aparecen como escudos para evadir responsabilidad internacional por crímenes de lesa humanidad documentados desde 2018.
Para el abogado y analista político Eliseo Núñez, la actitud del régimen de Nicaragua es “oportunista”, en tanto se pelea con los organismos que lo critican, pero se mantiene en los organismos, del mismo sistema internacional, que lo financian.

“El régimen lo que no quiere es ningún tipo de supervisión. No se retira de los sistemas financieros internacionales. Se retira nada más de los que le hacen algún tipo de crítica o que están propensos a que entren en conflicto con ellos por políticas públicas que no se consideran adecuada”, dice.
“Ellos no se retiran del Fondo Monetario, que es parte de Naciones Unidas, en el sistema interamericano no se retiran del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, añade.
Dice que esta política de repliegue de la dictadura de Nicaragua está por verse. “Si el Banco Mundial y el Fondo Monetario o el BID vuelven al estado que estaban antes del 2018, habrán demostrado que es eficiente su política de pelearse con quienes los critican y mantenerse adentro de los organismos internacionales que los financian”, concluye.
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