La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este jueves un proyecto de ley que flexibiliza las normas de licenciamiento ambiental, en medio de críticas de organizaciones ecologistas.
El texto, denominado por sus detractores como “PL de la devastación”, ya cuenta con el aval del Senado y solo resta la sanción del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva.
El proyecto recibió 267 votos a favor y 116 en contra. Esta decisión llega pocos meses antes de la COP30, la cumbre mundial del clima que tendrá lugar en noviembre en Belém, en la Amazonía brasileña.
La votación en la Cámara Baja, dominada por fuerzas conservadoras, inició poco antes de la medianoche y concluyó cerca de las 03:30 de este jueves, con el pleno prácticamente vacío, ya que muchos diputados participaron de forma telemática.
La iniciativa, en discusión desde 2004 en el Parlamento, simplifica los procedimientos para la obtención de permisos ambientales para ciertas actividades productivas.
Entre los puntos principales figura la Licencia Ambiental Especial, que permite omitir etapas de análisis si el Poder Ejecutivo lo decide, y la Licencia Ambiental por Adhesión o Compromiso, basada únicamente en la autodeclaración del inversor.
El sector agropecuario, con fuerte presencia en el Congreso, respalda esta medida y considera que facilitará el desarrollo de infraestructuras y actividades económicas.
Los partidos progresistas intentaron detener la votación, calificando la propuesta como el “mayor retroceso de la historia del licenciamiento ambiental” y advirtiendo sobre su inconstitucionalidad.
“¿Vamos a votar esto en el último suspiro, con votación virtual y el pleno vacío? ¡Qué vergüenza!”, declaró Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Laborista.
Célia Xakriabá, primera diputada federal indígena por Minas Gerais, cuestionó que “el dinero no va a sustituir a los bosques” y calificó al Parlamento de “machista, racista y colonial”.
Por otro lado, Zé Vitor (del Partido Liberal) consideró que el proyecto “da garantías a los emprendedores”. “No hay espacio para burocracias y cuestiones ideológicas y subjetivas”, afirmó.
En sintonía, Marcel van Hattem (Novo) afirmó que la medida favorece el desarrollo económico, señalando que “una ley que no se moderniza retrasa al país”.
Gabriela Nepomuceno, especialista en Políticas Públicas de Greenpeace Brasil, sostuvo que el Parlamento permitió que “grandes empresas ligadas al agronegocio y la industria se autodeclaren aptas para construir sin inspección previa, sin fiscalización y sin escuchar a las poblaciones afectadas”.
Si el presidente Lula decide vetar el proyecto, el Congreso podría revertir ese veto con mayoría absoluta (al menos 257 diputados y 41 senadores), tras lo cual el texto sería promulgado, aunque podría ser impugnado por la vía judicial.
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