El Congreso de Ecuador ejecutó la primera depuración por nepotismo

La Asamblea Nacional del Ecuador informó que 40 funcionarios fueron separados de sus cargos por mantener vínculos de parentesco con legisladores o con otros servidores públicos, tras la aplicación de una reforma al reglamento interno que busca limitar el nepotismo en la institución. La medida, adoptada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y ejecutada por la Presidencia del Parlamento, contempla tanto renuncias voluntarias como desvinculaciones directas.

Según el boletín oficial, entre los desvinculados hay 12 personas relacionadas con legisladores de la Revolución Ciudadana (correísmo), 10 con la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), 2 con el Partido Social Cristiano (PSC), y 16 funcionarios del área administrativa. De este grupo, 19 presentaron su renuncia y los 21 restantes fueron separados de forma unilateral por disposición de la administración legislativa.

La reforma aplicada modifica el artículo 7 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano. Antes, la normativa no prohibía expresamente la contratación de familiares en la Asamblea, lo que permitía prácticas como la contratación cruzada o la designación indirecta de allegados. Con el nuevo texto, se establece que no podrán ser contratados familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de asambleístas, autoridades y personal de nivel jerárquico superior, sin importar si están o no en relación directa de supervisión.

La reforma también faculta a la Presidencia de la Asamblea a terminar unilateralmente contratos si se determina que un funcionario mantiene vínculos familiares con autoridades o legisladores, lo que constituye un cambio en el esquema de atribuciones respecto a contrataciones internas.

La decisión se produjo después de que se hicieran públicos los cuestionamientos hacia Dominique Serrano, legislador de 19 años por el movimiento oficialista, quien fue grabado dibujando durante una sesión legislativa. Tras la difusión del video, surgieron críticas en redes sociales y medios de comunicación que derivaron en un escrutinio más amplio de su entorno familiar. Se reveló que su madre, Paulina Molina, era asesora en la Asamblea y que su hermano, Dylan Serrano, también trabajaba en la institución. Además, la alterna de Serrano, Camila Recalde, es hija del asambleísta correísta Eckner Recalde, quien también fue jefe de Molina.

Aunque no se ha confirmado si los familiares de Serrano figuran entre los funcionarios desvinculados, el caso generó presión pública y motivó pronunciamientos institucionales. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció la medida como parte de un proceso de revisión más amplio de los nombramientos en la institución.

En el boletín oficial, la Asamblea indicó que esta acción responde a la necesidad de implementar mecanismos para evitar conflictos de interés y fortalecer el marco ético dentro del Legislativo. No obstante, el documento no incluye los nombres de los funcionarios separados ni detalla sus cargos específicos, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Además de las desvinculaciones, la Asamblea anunció la creación de un canal de denuncias confidenciales a través de la Dirección de Gestión Documental, con el objetivo de identificar otros posibles casos de nepotismo. El proceso de revisión de vínculos de parentesco se extenderá durante los próximos 30 días, según lo dispuesto por el CAL.

Aunque la reforma se enmarca en un contexto de creciente exigencia ciudadana por mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, algunos sectores han señalado que estas medidas no garantizan por sí solas un cambio estructural. La contratación de personal en instituciones del Estado ha sido un espacio propenso a redes de influencia y relaciones familiares, tanto en el Legislativo como en otras ramas del poder público.

Desde sectores políticos no se han registrado mayores reacciones sobre los funcionarios desvinculados. Tampoco ha habido pronunciamientos oficiales de las bancadas a las que pertenecen los legisladores relacionados con los casos identificados. Por ahora, el proceso continúa bajo reserva.