El Supremo Tribunal Federal de Brasil endureció las reglas para las plataformas digitales ante contenidos ilícitos

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil resolvió este jueves incrementar las obligaciones de las plataformas digitales respecto a las publicaciones de sus usuarios, en un dictamen inédito en América Latina dirigido a frenar la circulación de noticias falsas y discursos de odio en internet.

La decisión judicial impacta de forma directa a empresas como X, TikTok, Instagram y Facebook, al establecer que deberán eliminar de inmediato los contenidos que infrinjan la ley, sin la necesidad de esperar una orden judicial. Ocho de los once jueces del tribunal se pronunciaron a favor de la “inconstitucionalidad parcial” del artículo del Marco Civil de Internet vigente desde 2014, el cual disponía que las plataformas solo serían responsables si no acataban un mandato de la justicia para eliminar contenidos denunciados.

Con la nueva resolución, las plataformas tendrán obligación de retirar sin orden judicial publicaciones que promuevan actos antidemocráticos, terrorismo, discursos de odio, pornografía infantil y otros delitos graves. En casos de otros contenidos ilícitos, las empresas podrán ser responsabilizadas por daños si no los eliminan tras notificación de un tercero.

“Preservamos en la mayor medida posible la libertad de expresión, sin permitir, sin embargo, que el mundo caiga en un abismo de incivilidad, legitimando discursos de odio o crímenes indiscriminadamente practicados en la red”, afirmó Luís Roberto Barroso, presidente del Supremo Tribunal y autor del voto mayoritario.

El tribunal analizó en esta ocasión casos puntuales, pero el fallo sienta jurisprudencia para decenas de millones de usuarios de redes sociales en Brasil. A partir de este precedente, una mayoría de ocho magistrados consideró que las empresas pueden ser responsabilizadas si no retiran publicaciones ilegales tras recibir una notificación extrajudicial de personas que se sientan ofendidas, incluso si no existe orden judicial.

Dicha postura deja sin efecto, por considerarlo parcialmente inconstitucional, un artículo clave del Marco Civil de Internet. El tribunal consideró que la ley actual no ofrecía “protección suficiente” a los usuarios ante el incremento de noticias falsas y discursos de odio registrados en los últimos años.

La decisión también responde a episodios recientes de desinformación, como el ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando a través de redes sociales se convocaron movilizaciones masivas que concluyeron en el vandalismo de las sedes del STF, la Presidencia y el Congreso en Brasilia, impulsadas por seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro. Tras estos hechos, muchas personas fueron condenadas por intento de golpe de Estado y recibieron penas de prisión.

La minoría en el tribunal, representada por tres magistrados, defendió mantener el antiguo principio del Marco Civil, señalando que la responsabilidad civil en internet recae principalmente sobre quien causa el daño y no sobre las plataformas. Kassio Nunes Marques, uno de los disidentes, remarcó la importancia de preservar la libertad de expresión ante un escenario de endurecimiento de controles.

El Supremo Tribunal Federal ya había protagonizado enfrentamientos con líderes de empresas tecnológicas; en agosto de 2024, el juez Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo temporal de la red social X en todo Brasil al negarse esta a cumplir resoluciones destinadas a combatir la desinformación, medida que fue acatada solo tras el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas de Elon Musk en el país.

(Con información de AFP y EFE)