Organizaciones de Latinoamérica advirtieron sobre el creciente deterioro de la libertad de prensa en El Salvador

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ)B, WAN-IFRA y más de una decena de organizaciones internacionales expresaron su “grave preocupación” ante el “acelerado deterioro” de la libertad de prensa en El Salvador.

En un pronunciamiento conjunto, las entidades advirtieron que el país centroamericano atraviesa una de las etapas más críticas para el ejercicio periodístico desde el fin del conflicto armado, con un registro sin precedentes de desplazamientos forzados de periodistas, hostigamientos y un entorno marcado por la autocensura y el temor.

Según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al menos cuarenta profesionales de la prensa han abandonado el país “como resultado de un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias al ejercicio periodístico”, mientras que ya “circula información de que se preparan capturas y operativos policiales en contra de periodistas y personas defensoras”, lo que ha intensificado la crisis.

En el último mes, de hecho, se han registrado más de una docena de casos de movilización preventiva y forzada de periodistas por temor a una detención arbitraria o amedrentamiento por parte de cuerpos de seguridad, una cifra cercana al total registrado durante 2024, que sumó trece desplazamientos.

Este contexto de represión institucional “dirigido a quienes ejercen su labor crítica y de responsabilidad”, con denuncias reiteradas de “acoso, trabas a la libre labor informativa, difamación y fallas de transparencia” ha generado “una profunda crisis de libertad de expresión y ha sembrado un clima de temor generalizado que afecta incluso a las familias de los periodistas exiliados”, denuncia el comunicado, que suma que los mecanismos se han diversificado y se reflejan también con el uso de herramientas digitales de vigilancia habilitadas por la Ley de Delitos Informáticos y mediante los procesos de judicialización de periodistas y críticos, considerados parte de una estrategia estatal para acallar a voces independientes.

Todo ello, a su vez, se ve exacerbado por la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa legislativa que, según las asociaciones, representa “una amenaza directa” a la libertad de prensa, pues impone “restricciones severas” al financiamiento y puede emplearse como herramienta de persecución contra estos actores.

A raíz de ello, las organizaciones firmantes exigieron al gobierno de Nayib Bukele “garantizar la integridad física y la libertad de todos los periodistas, y cesar inmediatamente cualquier forma de persecución, vigilancia o intimidación”, a la par que solicitaron a su gabinete aclarar de manera inmediata las denuncias de la APES sobre la existencia de listas de vigilancia y amenazas de captura dirigidas contra periodistas y defensores de derechos humanos, reclamando investigaciones transparentes y públicas.

Por último, instaron a la comunidad internacional a “continuar monitoreando de cerca la situación del ejercicio de la profesión en El Salvador e incrementar la cooperación y la solidaridad con los y las periodistas en riesgo”

De acuerdo con cifras recogidas por la APES, en 2024 se documentaron 789 agresiones contra la prensa, lo que representa un aumento del 154% respecto a 2023. La mayor parte de estos ataques se atribuye a instituciones estatales, altos funcionarios y autoridades públicas, incluyendo elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador.

Entre los casos recientes, destacan las capturas arbitrarias de la abogada anticorrupción Ruth López, el abogado Alejandro Henríquez —defensor de una cooperativa reprimida por la Policía Militar— y el pastor evangélico José Ángel Pérez, todos considerados ejemplos de la escalada autoritaria desde el Ejecutivo y el Ministerio Público.

“No puede haber seguridad si se persigue y criminaliza a toda aquella persona que no aplaude las medidas del Gobierno. La Fiscalía y la Policía deben dejar de prestarse a la persecución de voces críticas y cesar su monitoreo de personas defensoras o periodistas”, concluye el escrito firmado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), PEN Internacional, Article 19 México y Centroamérica, Reporteros sin Fronteras (RSF), Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), Fundamedios, Free Press Unlimited (FPU), Associacao Nacional de Jornais (ANJ), Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Chile, Alianza de Medios MX, Press Freedom Center at the National Press Club e International Press Institute (IPI).

(Con información de EFE)