La Defensoría del Pueblo en Bolivia pidió diálogo en los conflictos para evitar una situación “irreversible”

Las protestas por la crisis económica y la inhabilitación del ex presidente Evo Morales como candidato para las elecciones de agosto continúan en Bolivia. Tras más de una semana de manifestaciones, la Defensoría del Pueblo junto a otras 55 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el que llamaron al diálogo para evitar la violencia y llegar a una situación “irreversible” en el país.

“Exhortamos a todos los actores políticos y organizaciones sociales a evitar una escalada de conflictividad social, a deponer acciones, discursos y actitudes que inciten a la violencia, ya que pueden derivar en una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos”, señala el comunicado.

Las organizaciones firmantes pidieron los actores políticos a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos de odio y amenazas dirigidas a instituciones públicas o sociales, y subrayaron que la crisis solo se puede resolver a través del diálogo y mecanismos democráticos.

Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 27 puntos de bloqueo en al menos cinco departamentos, la mayoría ubicados en Cochabamba, bastión del ex presidente, donde cientos de cocaleros se manifiestan a su favor luego de que fuera impedido de participar en las elecciones generales. Morales ocupó la Presidencia del Estado durante tres periodos, entre 2006 y 2019, y una reciente sentencia constitucional limitó a el ejercicio del cargo a solo dos periodos, con lo que quedó imposibilitado de terciar en los comicios.

Este fallo, junto a otros que antes interpretaron el derecho a la reelección y le cerraron las puertas a Morales, fue considerado inconstitucional por sus partidarios. “Sin Evo no hay elecciones”, es la consigna de algunos de sus seguidores que amenazan con obstaculizar el proceso electoral si el líder cocalero no está en la papeleta de votación.

Sin embargo, esos no son los únicos frentes de conflicto en el país andino. En varias regiones hay protestas espontáneas contra la crisis económica que se agudizó en el último mes con el incremento de los precios de la canasta familiar y un nuevo periodo de desabastecimiento de combustible que hace más de cuatro semanas no se resuelve.

El lunes hubo tres marchas en La Paz, en la que campesinos, médicos y gremiales protestaron por lo que consideran la inacción del Gobierno de Luis Arce frente a la crisis. En el área rural del departamento productivo de Santa Cruz, al este del país, también se instalaron piquetes para reclamar un mayor suministro de diésel que permita continuar con las labores agrícolas.

En Potosí, al sudoeste, este martes protestan dos sectores clave: los choferes realizaran un paro en demanda de combustible y el Comité Cívico, que aglutina a varias instituciones de la ciudad, protesta por la crisis económica. En esa región se instalaron piquetes en la ciudad y en la carretera que conecta con el departamento de Oruro.

El Gobierno ha desplegado policías y militares para la intervención parcial de piquetes pero no se ha logrado despejar todas las rutas, lo que tiene al país paralizado y varios sectores reportan pérdidas millonarias en los casi diez días de protestas continuas.

En ese contexto, varios sectores han pedido la dimisión del presidente quien el domingo por la noche descartó dejar el cargo. “La renuncia de nadie resuelve hoy los problemas, si los resolviera ya nos hubiéramos ido”, manifestó Arce en una rueda de prensa.

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes se rija por los estándares internacionales y a éstos les pidió “ejercer sus derechos políticos en el marco del respeto a las normas democráticas y la libertad de expresión responsable”.