Una decisión judicial tomada esta semana reabrió heridas y provocó reacciones de indignación dentro y fuera del Ecuador. El tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas revocó el habeas corpus que, a finales de diciembre de 2024, había reconocido la desaparición forzada de cuatro adolescentes en Guayaquil, quienes luego fueron hallados asesinados en un manglar de Taura.
La resolución judicial se dio en respuesta a una apelación presentada por tres altos funcionarios del Estado: la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia —actual embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA)—; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela; y un asesor jurídico del Ministerio de Defensa. El fallo anuló la sentencia emitida por la jueza Tanya Loor, quien además había ordenado al Ministerio de Defensa emitir disculpas públicas por la desaparición de los menores.
La revocatoria, dictada por los jueces Ángela Bustillos, Ricardo Ramos y Carlos Flores, se conoció a un mes de que salieran a la luz declaraciones de dos militares procesados. Ambos admitieron que los adolescentes fueron sometidos a castigos físicos durante su aprehensión irregular: fueron desnudados, golpeados con correas, pateados y agredidos verbalmente.
Lejos de esclarecer el caso, la nueva resolución judicial siembra dudas sobre la voluntad institucional del Estado para garantizar justicia. Aunque uno de los jueces del tribunal emitió un voto salvado, la mayoría decidió revocar el fallo con el argumento de que no correspondía a un juez de niñez determinar la existencia de una desaparición forzada, desconociendo que el tipo penal contempla como víctimas a personas que luego son halladas muertas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados de las familias de las víctimas y activistas sociales criticaron duramente la decisión. Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos –organización que asiste a las familias de los menores–, expresó su rechazo público y anunció que recurrirá a la Corte Constitucional para intentar restituir el reconocimiento del crimen como desaparición forzada. “Buscan la impunidad. Ni el presidente ni su actual Gabinete lo detendrán”, escribió en su cuenta de X.
En diciembre de 2024, los adolescentes Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron detenidos por una patrulla militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el sur de Guayaquil. Según las versiones oficiales, los uniformados los dejaron libres en un camino rural de Taura. Dieciséis días después, sus cuerpos calcinados y con signos de tortura fueron hallados en un manglar cercano a la Base Aérea de Taura.
La autopsia reveló que los cuatro menores fueron ejecutados con disparos en la cabeza y que uno de ellos presentaba lesiones contundentes previas.
La revocación del habeas corpus no detiene el proceso penal, pero genera preocupación en las organizaciones que han acompañado el caso. Para ellas, se trata de un mensaje institucional que favorece el silencio y deslegitima el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en contextos de violencia estatal.
El caso ha causado conmoción a nivel nacional e internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se pronunciaron sobre el hecho desde que se conoció sobre la desaparición y posterior asesinato considerando el involucramiento de personal militar. Ambos organismos han advertido al Estado ecuatoriano que debe garantizar justicia y reparación para las víctimas.
La revocatoria del habeas corpus, sin embargo, pone en entredicho la independencia del sistema judicial y agrava la percepción de impunidad, según han indicado ONGs. Las familias, acompañadas por organizaciones sociales, han reiterado que continuarán su lucha legal hasta que se sancione a todos los responsables —uniformados o no— y se reconozca oficialmente que existió una desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro niños y adolescentes afrodescendientes.
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