Los cuatro de Guayaquil, el caso que conmovió a Ecuador: capturaron al sospechoso de ejecutar a los menores

La madrugada del 31 de marzo de 2025, la Policía Nacional capturó en la parroquia Taura, en el cantón Naranjal, a Bryan Vicente Alvarado Aguirre, alias Momo, señalado como el presunto autor intelectual y material del asesinato de los cuatro menores del caso los Cuatro de Guayaquil (los niños de Las Malvinas).

La Policía confirmó a Ecuavisa digital la captura. Mientras que el Ministerio del Interior indicó a la prensa que “en breve se darán detalles”. La aprehensión se produjo justo cuando finalizaba la instrucción fiscal contra 16 militares procesados por la desaparición forzada de los adolescentes. En paralelo, la Fiscalía solicitó la vinculación penal de un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acusado de haber encubierto evidencias clave, según indicó el mismo medio. Mientras tanto, un informe forense entregado tras casi tres meses de espera confirmó que los menores fueron ejecutados con disparos en la cabeza y, en al menos uno de los casos, también golpeados antes de morir.

Alias Momo había sido mencionado por un testigo clave que afirmó haber visto a los menores la noche del 8 de diciembre de 2024, horas después de que fueran detenidos por militares en el sur de Guayaquil. Según consta en el expediente judicial citado por Extra y Ecuavisa, ese testigo aseguró que escuchó cuando se ordenó que los menores fueran asesinados e incinerados. El nombre de Momo ya había sido incluido en las audiencias judiciales del caso, donde se señaló que pertenecería a la organización criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros con presencia en Taura.

Pese a que Bryan Vicente A.A. tenía una condena por delincuencia organizada, fue liberado el 27 de diciembre de 2024 gracias a un indulto presidencial otorgado en 2021, argumentando una enfermedad catastrófica. Esa liberación fue posteriormente cuestionada, y el juez que la concedió fue procesado por prevaricato el pasado 22 de enero, dado que el indulto no aplicaba para personas sentenciadas por delitos graves.

Con la captura de Momo, la Fiscalía mantiene abierta una indagación previa por secuestro con resultado de muerte, paralela al caso por desaparición forzada. Esa investigación aún no ha pasado a etapa de instrucción fiscal, ya que se mantiene bajo reserva, según informó el Comité Permanente de Derechos Humanos.

Simultáneamente, la Fiscalía solicitó fecha y hora para vincular penalmente al teniente coronel Juan Francisco I., alto oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Según la documentación judicial citada por Ecuavisa, el oficial habría acudido con dos de los militares procesados hasta el lugar donde se dejó a los menores en Taura, recogido su ropa y entregado las prendas tres días después a la Policía, sin explicar por qué no lo hizo antes. Esa acción es considerada por la Fiscalía como un posible encubrimiento de evidencias.

Durante la audiencia de formulación de cargos en diciembre, la defensa de los militares afirmó que los adolescentes fueron dejados libres. Sin embargo, los cuatro aparecieron muertos el 24 de diciembre en un manglar cercano a la base militar de Taura. Sus cuerpos fueron identificados oficialmente el 31 de diciembre. Los restos fueron sepultados el 1 de enero de 2025 en el cementerio del Suburbio.

El informe de autopsia fue entregado a finales de marzo. De acuerdo con declaraciones del abogado de la causa a Ecuavisa, el documento confirma que los menores fueron ejecutados con disparos en la cabeza, de atrás hacia adelante, lo que sugiere que estaban de espaldas y posiblemente arrodillados al momento de su asesinato. Uno de los cuerpos presentaba además un golpe contundente en el lado izquierdo del cráneo, lo que coincide con el testimonio del hombre que les prestó el celular a los menores para llamar a sus padres antes de desaparecer. Este testigo indicó que uno de los adolescentes estaba herido en la cabeza y sangrando.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, que fue negada a dos de los uniformados, se reveló que los menores fueron dejados desnudos, lo que fue calificado por la defensa de las familias como una forma de exposición sexual y tortura, según informó Ecuavisa.