Más de 170 detenidos en Guayaquil y otras ciudades cercanas

La Policía Nacional del Ecuador ha intensificado sus operativos en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, en un esfuerzo por contener la violencia y la actividad delictiva en esta región del país.

Entre el 1 y el 15 de febrero, se ejecutaron 2.344 operativos de seguridad, los cuales resultaron en la aprehensión de 173 personas y el aislamiento de seis menores de edad vinculados a varios delitos como secuestro, extorsión, tenencia y porte ilegal de armas de fuego, así como tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, estas acciones forman parte de una estrategia basada en la georreferenciación del delito, lo que permite identificar los sectores más afectados por la criminalidad y desplegar operativos focalizados en estos puntos. Durante los procedimientos, se incautaron 61 armas de fuego, 2.823 cartuchos y 58.977.60 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Además, se decomisó dinero en efectivo que estaría relacionado con las actividades ilícitas.

Otro de los resultados de estos operativos ha sido la recuperación de 62 vehículos reportados como robados y la retención de 72 automotores para fines investigativos. También se identificaron y recuperaron 65 teléfonos móviles, los cuales están en proceso de verificación para su posterior entrega a sus propietarios, según la información oficial.

En paralelo, la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (UNASE) liberó a 14 personas que habían sido víctimas de secuestro. Luego de recibir atención médica, los afectados fueron entregados a sus familias. En estos casos, la Policía Nacional ha enfatizado la importancia de la denuncia oportuna para actuar de manera inmediata.

La Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE) también ha logrado avances en el combate a este delito, resolviendo 35 casos en los que las víctimas eran amenazadas de muerte. Las estructuras criminales involucradas fueron desarticuladas y sus integrantes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Guayaquil, Durán y Samborondón conforman una de las regiones más violentas de Ecuador. La Zona 8 concentra una alta incidencia de homicidios y otros delitos violentos debido a la presencia de grupos narcodelictivos organizados que se disputan el control territorial para actividades como el narcotráfico, el sicariato y la extorsión.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Guayaquil es la ciudad con la mayor tasa de homicidios en el país. En 2023, la provincia del Guayas concentró más del 60 % de los asesinatos violentos registrados a nivel nacional. La presencia de organizaciones delictivas, disputas territoriales entre grupos vinculados al narcotráfico y la expansión de economías ilegales han convertido a esta zona en un punto crítico para la seguridad pública.

Uno de los principales factores que ha alimentado esta crisis de inseguridad es el narcotráfico. Ecuador se ha convertido en un punto clave para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha generado disputas entre organizaciones criminales. En Guayaquil, el puerto marítimo es uno de los principales puntos de salida de grandes cargamentos de cocaína, lo que ha provocado la presencia de carteles internacionales y su influencia en bandas locales. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo calificó como el “hub logístico” para el envío de cocaína.

El fenómeno de la extorsión también ha aumentado. Comerciantes, transportistas y ciudadanos en general son víctimas de amenazas y cobros ilegales por parte de grupos criminales, quienes exigen pagos a cambio de “protección”. En muchos casos, la negativa a pagar extorsiones ha resultado en ataques violentos, secuestros o incluso asesinatos.

El gobierno ecuatoriano ha implementado diversas estrategias para contrarrestar la crisis de seguridad, incluyendo la declaratoria de estados de excepción y la militarización de ciertas zonas conflictivas.

En este contexto, la Policía Nacional ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través del ECU-911 o la línea 1800-DELITO (335486).