
El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, afirmó este jueves que “insistirá” para que la Policía ejecute la orden de captura contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) investigado por trata agravada de personas y quien además fue declarado por un juez en “rebeldía” hace una semana.
“Vamos a insistir, seguramente existen algunos percances, algunas incomodidades y falencias que hacen que la Policía no pueda ejecutar la captura, pero ya el trabajo está en sus manos”, dijo el fiscal Mariaca, en una conferencia de prensa en Sucre, la capital constitucional y sede del Órgano Judicial de Bolivia.
El juez a cargo del caso, Nelson Rocabado, declaró en “rebeldía” a Morales el 17 de enero y emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, la que ahora está vigente y deja sin efecto la emitida por la Fiscalía el 16 de octubre de 2024, cuando se abrió la investigación por el delito de trata agravada de personas.
Hasta la fecha la Policía no ha cumplido con la orden de captura del ex mandatario, quien permanece hace meses en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, con un fuerte resguardo de sus seguidores que buscan evitar su aprehensión.
El fiscal general precisó que el Ministerio Público ha insistido de una manera “recurrente” para que la Policía informe las razones por las que no da cumplimiento con la orden de captura.
“Nosotros podemos colaborar, si la comisión de policías identifica un inmueble en el cual se encuentra supuestamente esta persona, (puede) solicitar el mandamiento de allanamiento y ahí puede participar el Ministerio Público”, explicó Mariaca.

El ex gobernante boliviano no se presentó a dos audiencias cautelares la semana pasada en la región sureña de Tarija, donde se debía resolver la acusación por trata agravada de personas, por supuestamente mantener una relación con una menor con la que habría tenido un hijo en 2016, cuando era presidente.
El abogado de Morales presentó certificados médicos que indican que el político sufre un cuadro de bronconeumonía y que esa es la razón por la que no compareció ante el juez. Sin embargo, Rocabado no validó las certificaciones porque indicó que no fueron presentadas a tiempo.
Después de que el juez Rocabado verificara su inasistencia a la segunda audiencia, lo declaró en “rebeldía” y también dispuso su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes y cuentas bancarias.
La defensa de Morales presentó en las últimas horas una acción de libertad para anular las medidas judiciales emitidas en su contra, pero esta acción fue rechazada por un juzgado de Santa Cruz, donde llegó el recurso, pero fue derivado a Tarija, donde se investiga el caso.
Morales sostiene que el proceso por trata agravada de personas es “político” y tiene como objetivo “eliminarlo” de la carrera presidencial de cara a los comicios que deben realizarse este año.
El ex líder del Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en que está habilitado para ser candidato, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de finales de 2023 declaró que la reelección en Bolivia se aplica “por una sola vez” de forma continua o discontinua. Esta resolución fue refrendada por un fallo constitucional en 2024.
El proceso por trata de personas agrava la relación entre Arce y Morales, distanciados desde finales de 2021 debido a las diferencias con respecto a las decisiones del Gobierno y la elección de un candidato presidencial para el gubernamental MAS.
(Con información de EFE)
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