2024 cerró con un incremento significativo en las protestas y denuncias en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), se registraron 8.443 manifestaciones y declaraciones públicas, un aumento del 31% respecto a las 5.749 de 2023.
Este crecimiento refleja el descontento de una población que, como describió el informe, se siente rehén de una élite de poder “egoísta, ineficiente, soberbia y despiadada”.
La madre de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, joven manifestante del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021) muerto bajo custodia en diciembre, desmintió la versión oficial de que su hijo se suicidó, asegurando que fue víctima de una brutal golpiza: ”Lo mataron a golpes, lo torturaron. Fue una muerte horrible”, declaró Diana María Esplugas. Su testimonio pone de manifiesto la severidad de la represión en un año marcado por la crisis multisistémica de la isla.
Un diciembre cargado de tensiones
El OCC contabilizó 760 protestas en el último mes de 2024, un leve descenso del 4% respecto a las 792 de noviembre. Pese a ello, diciembre mantuvo una fuerte tendencia contestataria, destacando 149 manifestaciones consideradas desafíos directos al Estado policial. Estas se expresaron principalmente en redes sociales, en contraste con las protestas físicas predominantes durante los apagones de noviembre.
La académica disidente Alina Bárbara López resumió el sentir general: “Nada va a mejorar en Cuba sin cambiar un gobierno y un sistema que solo saben construir hoteles para que nadie vaya y mantener las cárceles llenas”, expresó.
Alimentación, inflación y servicios públicos
La crisis alimentaria e inflacionaria fue el segundo tema más recurrente con 129 denuncias. Factores como la campaña gubernamental contra el sector privado, que redujo la oferta de alimentos, y el anuncio de la eliminación de los subsidios a la canasta básica, agravaron el descontento.
En el ámbito de los servicios públicos, se registraron 122 manifestaciones relacionadas con los apagones, que alcanzaron cortes de hasta 24 horas. Este fue el tercer colapso total del sistema eléctrico en 2024, afectando actividades esenciales como la cocción de alimentos y el cuidado de enfermos.
Inseguridad y represión
El informe destaca 106 denuncias por inseguridad ciudadana, con 16 homicidios y 46 casos de robos y estafas. La represión también fue una constante: se documentaron muertes de presos políticos y comunes, además de actos de hostigamiento contra opositores, periodistas y empresarios privados.
Las denuncias abarcaron también problemas sociales como el trabajo infantil, la precariedad de los ancianos y la falta de atención médica.
En salud pública, el OCC recopiló 35 protestas relacionadas con un brote de hepatitis A y la crisis en los consultorios de atención primaria.
El informe concluyó que el crecimiento en las manifestaciones refleja un cambio en la conciencia ciudadana. Las protestas ya no se limitan a demandas específicas, sino que apuntan al sistema político como origen de la crisis que atraviesa el país, enfatizó.
Más de 1.000 presos políticos
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reclamó “la inmediata liberación” de todos los presos políticos en la isla, el cese de las detenciones arbitrarias y del acoso contra los activistas de derechos humanos. En un reciente informe, cifró en más de 1.000 las personas que están tras las rejas por razones políticas.
El reporte hace hincapié en la represión masiva del régimen de Miguel Díaz-Canel contra la población civil y pone el foco en el caso de José Daniel Ferrer, uno de los presos políticos más emblemáticos de Cuba.
El activista Manuel Cuesta Morúa presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular en el que mostró su desacuerdo con la decisión de ese órgano de no tramitar el procedimiento de habeas corpus a favor de Ferrer y exigió que así se haga.
“La respuesta de ellos no se atiene a la ley, tergiversa los términos establecidos por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba para devolver en 2021 a José Daniel Ferrer a prisión. Por ello considero que este preso político, que lleva 124 días de encierro ilegal, debe ser liberado ya”, relató Cuesta Morúa.
Un comunicado público emitido por el Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), del que Cuesta Morúa es vicepresidente, señaló que “el documento de respuesta del Tribunal tiene fecha de 5 de diciembre, cinco días posteriores a las 72 horas que establece la ley 143 para procesos sumarios, y luego de presentado un recurso de no dilación el día anterior al Tribunal Supremo”.
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