Dos megaobras se convierten en los asuntos más polémicos de la transición entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi

A diferencia de otros países en los que el cambio de mando de un gobierno al otro se concreta a las pocas semanas de la elección, en Uruguay el período de transición se extiende por lo menos durante tres meses.

Durante esta etapa, el ganador de las elecciones suele anunciar su equipo de gobierno y comienza el intercambio de información entre los ministerios. Pero en el medio aparece el verano y las licencias de los funcionarios, que hace que el trabajo ingrese en una pausa.

Es lo que está pasando actualmente con la transición entre la administración de Luis Lacalle Pou y la del electo presidente, Yamandú Orsi. El mandatario que asumirá el 1° de marzo reconoció días atrás que este proceso ingresó en una “impasse” durante los primeros días de enero. Habrá que esperar algunas semanas, por tanto, para saber quiénes ocuparán las direcciones de los ministerios y los directorios de las empresas públicas.

Pero en estas semanas hubo espacio para la polémica. Una de las diferencias entre el gobierno de centro-derecha de Lacalle Pou y el de centro-izquierda de Yamandú Orsi está en una mega obra para construir una toma de agua del Río de la Plata y potabilizar agua. Se trata de uno de los principales planes de la gestión actual, que fue reforzada luego de la grave crisis hídrica que atravesó el país en 2023, en la que escaseó el agua potable.

El proyecto se denomina Neptuno y fue presentado por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua del Río de la Plata a la altura del balneario Arazatí (en San José, a 92 kilómetros de la capital uruguaya). La obra incluye la construcción de una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería aductora.

En las bases programáticas del Frente Amplio –el programa de la coalición de izquierda en el que en teoría se debe basar Orsi– este proyecto no es prioridad. Y, en cambio, plantea: “Se priorizará la concreción del Proyecto Casupá y proyectos complementarios tendientes a asegurar el abastecimiento de agua potable”.

Alejandro Sánchez, el futuro secretario de la Presidencia (un rol similar al del jefe de gabinete en otros países), reconoció días atrás que este asunto genera “tensión”. “El Proyecto Neptuno tenía un conjunto de observaciones y desde nuestro punto de vista había que levantarlas”, declaró en una rueda de prensa.

“Estamos conversando con el gobierno, está acercando la información para analizarla y tener una opinión. Nosotros somos críticos del proyecto, si hay posibilidades de levantar las observaciones que están arriba de la mesa la queremos estudiar, pero todavía esa información no la tenemos. Hemos recibido información, no toda la que queremos”, agregó Sánchez.

Las diferencias en este tema no fueron sorpresa. Hasta era esperable por tratarse de uno de los temas que motivó críticas desde el Frente Amplio a la gestión de Lacalle Pou. Pero las demás visiones respecto a otra gran obra sí sorprendieron.

Se trata del proyecto de hidrógeno verde que la multinacional Hif tiene previsto construir en Paysandú (en el litoral uruguayo, limítrofe con Argentina). De concretarse, sería la inversión más grande de la historia de Uruguay (USD 6.000 millones). La visión diferente en este caso estuvo en torno a la participación estatal.

Los acuerdos originales con la multinacional daban la opción de que el Estado participara hasta en un 30% de la inversión. Es decir, que sea una suerte de accionista del proyecto de hidrógeno verde. El Poder Ejecutivo actual decidió desistir de esta posibilidad con el argumento de que el riesgo lo debe tomar el privado.

Pero los futuros jerarcas del Frente Amplio quieren que esa opción siga estando. No se expresan sobre el tema de fondo (es decir, sobre si el Estado debe participar o no), pero sí aseguran que no se lo puede privar de la posibilidad.

Sánchez explicó: “Que exista la posibilidad en el futuro de que si el Estado decide participar de ese proyecto lo pueda hacer es importante, y discrepamos con la decisión que tomó el gobierno de quitar ese elemento de la negociación con la empresa”.