En el segundo semestre del año, las autoridades bolivianas incautaron 451 mil litros de combustible al contrabando en operativos coordinados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de realizar controlares para evitar el acopio, transporte, comercialización y compra ilícita de combustibles.
Entre julio y diciembre se recuperaron 400.000 litros de diésel y 51.000 litros de gasolina, y 323 fueron aprehendidas en los operativos, gracias al despliegue de 9.000 militares en las fronteras y estaciones de servicio para evitar la comercialización ilegal de carburantes.
Adicionalmente, 25 cisternas llenas de diésel fueron incautadas en el mismo periodo. “Estaban siendo desviadas para actividades ilícitas al norte de La Paz”, indicó el director de la ANH, Germán Jiménez en entrevista con el canal estatal Bolivia TV. Estas cisternas tenían diferentes formas de realizar el desvío: algunas usaban compartimentos adicionales en los tanques, otras modificaron la capacidad o usaban una especie de doble fondo.
Posiblemente esas cisternas estaban destinadas a la industria de la minería ilegal del oro, según reveló una investigación del medio La Brava que identificó hasta 12 estaciones de servicio que abastecen de diésel a los mineros del norte de La Paz, quienes legalmente disponen de 20.000 litros de combustible al mes pero sus operaciones requieren de entre 25.000 y 120.000 litros.
Sobre el procedimiento tras los operativos, el director de la ANH indicó que luego de encontrar acopio y venta ilegal de combustible, se incauta el carburante y se lo entrega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB) donde se realiza una prueba de calidad y, si cumple con los estándares requeridos, vuelve a las refinerías para ser comercializado.
El acopio ilegal de combustible está penado por ley en Bolivia y tiene una sanción de hasta tres años de privación de libertad. Sin embargo, existen regulaciones para empresas o industrias que necesitan almacenar combustible para actividades específicas, quienes deben solicitar permisos especiales a la ANH.
Crisis de combustible e ilegalidad
El tema de los combustibles es uno de los que más problemas genera en la administración pública en Bolivia. Los precios del diésel y la gasolina son subvencionados por el Estado y significativamente más baratos que el precio internacional (el litro de diésel y la gasolina se venden en 0,53 dólares), por lo que las cuentas están abriendo un hueco en la debilitada en economía del país.
En medio de la crisis económica y la escasez de dólares que enfrenta Bolivia, desde hace más de un año que la población también sufre periodos -cada vez más frecuentes y prolongados- de escasez de combustible.
Este hecho ha dado lugar a la comercialización ilícita de carburantes: se evidenció un incremento de la venta ilegal de combustible en carreteras troncales del país, e incluso a través de redes sociales, a casi cinco veces su precio oficial. De igual manera, aumentó la venta de combustible en las fronteras lo que motivó el despliegue de militares para controlar la fuga de carburantes y otros productos.
La baja producción local, ha hecho que Bolivia importe en 2024 el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesitó para el mercado interno, según datos oficiales del Gobierno, lo que representa uno de los mayores gastos públicos. En este año se destinaron 3.500 millones de dólares para la exportación y el Presupuesto General del Estado de 2025 prevé un monto incluso mayor para cubrir la demanda local-
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