
Menos de una semana después de haber presentado a su gabinete completo, el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, convocó a sus ministros y subsecretarios a una bodega para tener la primera reunión conjunta. A alguno de sus futuros funcionarios los vio por primera vez, a otros el futuro mandatario solo conocía de vista y con otros tenía una relación de años. La intención del encuentro de este sábado fue comenzar a trabajar “en clave de gabinete”, según declaró Orsi a la prensa.
Es que los ministerios de Luis Lacalle Pou empiezan a entregar la información para avanzar en la transición y el gobierno electo tiene que tomar definiciones. Y en algunos temas surgen diferencias entre el oficialismo actual y las autoridades entrantes. “Hay cosas que nos han sorprendido, por supuesto. Pero no es porque haya una sorpresa porque uno la encuentra sino porque son de público conocimiento”, dijo Orsi, en una rueda de prensa.

Uno de los proyectos que genera diferencias entre los gobiernos es el de la construcción de una toma de agua en el Río de la Plata y una planta potabilizadora en la zona de Arazatí (departamento de San José). Es uno de los planes que la administración de Lacalle Pou promueve, y sobre la que el gobierno electo tiene dudas. Y en las últimas semanas otro megaproyecto evidenció diferencias: la construcción de una planta de hidrógeno verde por parte de la empresa chilena HIF en Paysandú (en el límite entre Uruguay y Argentina).
Se trata de una inversión de USD 6.000 millones y las diferencias están dadas por la participación estatal. El contrato original tiene previsto que el Estado pueda participar hasta en un 30% del proyecto, pero el gobierno actual quiere eliminar esta posibilidad. El Frente Amplio, la coalición de izquierda que asume el poder el 1° de marzo, impulsa que la petrolera estatal Ancap tenga la opción de poder invertir en la industria del combustible verde.
Ese es uno de los temas que a Orsi ha sorprendido aunque es de estado público, según declaró. “Veremos cuáles son los resortes y las herramientas jurídicas que te quedan en tus manos como para poder hacerlo. Ahí yo todavía no exploré. Sé lo que piensa el equipo, lo que pensamos, pero veremos cuáles son los caminos que te quedan”, declaró el presidente electo.
Orsi no se expresó respecto a si el Estado debe invertir o no en la planta de hidrógeno verde. La postura del gobierno electo es que esa posibilidad debe quedar abierta.

El canciller Omar Paganini –ex ministro de Industria y Energía de Lacalle Pou– escribió en la red social X un hilo argumentando por qué el Estado no debe participar de la inversión. “El mercado de nuevos energéticos está en pleno desarrollo, y como siempre sucede, puede demorar más o menos tiempo en madurar, puede requerir inversiones adicionales o ajustes tecnológicos. Esos riesgos en este caso los debe correr el privado”, señaló.
Para Paganini, Ancap no debería “salir de garantía para un proyecto que implica el riesgo y la incertidumbre en un negocio en formación”. Recordó que se trata de una inversión de USD 6.000 millones, “montos gigantes para Ancap o el tesoro nacional”. “Los proyectos de hidrógeno verde no deberían ser otra regasificadora”, escribió Paganini, recordando el fallido plan de Gas Sayago, una planta para regasificar gas que nunca se concretó y generó pérdidas millonarias para el Estado.
La futura ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, declaró en una rueda de prensa que la decisión del gobierno “no está argumentada” y sostuvo que es claro que significa una pérdida para el Estado Uruguay porque desiste de participar en un proyecto que “puede representar a futuro una ganancia para Uruguay”.
Más allá de este caso puntual, en la reunión del sábado los integrantes del gabinete de Orsi hablaron de cuáles serían las “prioridades centrales” de la futura administración.
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