El dictador Daniel Ortega ordenó reformar la Constitución de Nicaragua para que haya un “co-presidente” y una “co-presidenta”

En un controvertido movimiento que consolida aún más su control sobre el Estado, Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, impulsó una reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años y establece oficialmente el cargo de “co-presidenta”, desempeñado por su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo.

Las modificaciones refuerzan el dominio del régimen sandinista sobre las instituciones del país y ya generan críticas tanto a nivel nacional como internacional.

La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, amplía significativamente los poderes del Ejecutivo al otorgarle la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral.

Según el texto, el presidente tiene la función de “articular y supervisar” las acciones de estos órganos, una medida que, según expertos, anula cualquier separación de poderes y confirma la concentración de autoridad en manos de Ortega y Murillo.

Símbolos y reivindicaciones del sandinismo

Además de los cambios en la estructura del poder, las reformas incluyen disposiciones simbólicas y políticas que subrayan la ideología del régimen.

Una de ellas es la incorporación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, lo que, según analistas, busca perpetuar el vínculo entre la identidad nacional y el partido gobernante.

Otra medida destacada es la reafirmación de la histórica demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su “intervención” en la guerra civil de los años 80. La mención de este caso busca revivir un tema que ha sido recurrente en el discurso de Ortega, centrado en culpar a potencias extranjeras de las crisis internas del país.

Un panorama de represión y exilio

El contexto en el que se aprueban estas reformas está marcado por un ambiente de creciente represión.

Desde las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, Ortega ha eliminado prácticamente toda oposición política, cerrando medios de comunicación independientes, encarcelando a líderes críticos y forzando al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.

“Esto no es solo una reforma constitucional; es la institucionalización de una dictadura absoluta”, señaló un politólogo exiliado en Costa Rica al periódico local La Prensa, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad.

Según organizaciones internacionales como Human Rights Watch, las modificaciones son una estrategia más del régimen para consolidarse en el poder indefinidamente.

Un futuro incierto

Con estas reformas, Ortega asegura su control absoluto del poder mientras enfrenta un país cada vez más aislado en la arena internacional.

Las perspectivas para la oposición son desoladoras, en un contexto donde la represión, el exilio y la cooptación de las instituciones han reducido al mínimo los espacios de disidencia.

La aprobación de las reformas no solo marca un nuevo capítulo en la historia del autoritarismo en Nicaragua, sino que también plantea interrogantes sobre cómo la comunidad internacional responderá ante un régimen que ha cerrado las puertas a la negociación y al diálogo democrático.