El periplo de una mujer trans por una vaginoplastia, una operación que el Estado uruguayo reconoce que le corresponde

Con la aprobación en Uruguay de la Ley Integral para Personas Trans, Marcela Pini pensó que por fin lograría conseguir una operación de reasignación de sexo, que terminara con su largo proceso de transformación. Pero no: a seis años de aprobada la normativa, esta mujer trans sigue esperando por una vaginoplastia que tanto el Ministerio de Salud Pública como la Justicia reconocen que le corresponde por ley.

Pini, psicóloga de profesión, contó a El Observador que hace cuatro años fue hasta el Servicio Médico Integral (SMI, uno de los prestadores de salud uruguayo) para iniciar el trámite para hacerse esa operación. La vaginoplastia es una cirugía de reconversión de sexo que implica primero la quita del pene y los testículos y luego la construcción de la vagina, la vulva y el clítoris.

Durante este proceso, Pini tuvo varios Sí. La endocrinóloga y el urólogo que la trataron le dieron el visto bueno, pero le faltó la aceptación definitiva: el prestador de salud le dijo que no ya que esta operación no forma parte de la oferta financiada por el Estado, argumentó.

Fue entonces que la mujer, de 51 años, inició un periplo para poder hacerse una operación, que sabe que no se podrá realizar en cualquier momento. La vaginoplastia no es una operación cualquiera porque implica horas de anestesia general y otros riesgos que aumentan con la edad. Ella, sin embargo, está dispuesta a dejar la vida para hacerse esta operación, según la crónica del medio uruguayo.

Pini lleva años y años pensando en este tema. En los 90, era una estudiante de Psicología que debió dejar la carrera con la mitad porque el estudio era compatible con el trabajo sexual (que ella define como “explotación”) que realizaba. Ya en ese momento, la estudiante sabía que era y que quería verse como una mujer.

Finalmente tuvo que dejar la facultad y la retomaría décadas después. Cuando regresó, hace más de 10 años, ya lucía como mujer, había cambiado su nombre y su sexos en los documentos y había accedido a medicación que le quita el bello y le modifica la voz. Pero le faltaba la operación para tener vagina.

Con la aprobación de la ley trans y en No del SMI, Pini recurrió al Ministerio de Salud Pública (MSP) Hizo una denuncia ante esta secretaría de Estado, que demoró en responder, pero finalmente le dio la razón: “El procedimiento aludido (vaginoplastia) forma parte de la reglamentación en forma taxativa por lo cual debe ser brindado por parte de la institución”.

Pero más allá de este escrito, el MSP nunca intimó al prestador de salud y archivó el expediente. El argumento fue que se podría hacer la operación en el hospital público universitario, algo que tampoco se concretó.

Ante la negativa, Pini concurrió a la Institución Nacional de Derechos Humanos que tuvo un fallo lapidario. “El Ministerio de Salud Pública vulneró el derecho de Marcela de acceder a la atención integral, en concreto a las prestaciones consagradas en la normativa vigente”, según consignó El Observador.

Luego, Pini fue a la Justicia, que le hizo lugar al derecho de amparo. El representante legal del prestador de salud acusó a la mujer trans de querer desfinanciar el sistema integrado de salud, pero la jueza condenó a la mutualista a realizar a la afiliada los procedimientos médico quirúrgicos necesarios “para la reasignación de sexo morfológico feminino”. Les dio diez días para empezar la coordinación, pero la mutualista apeló y el planteo de Pini fue desestimado por cuestiones de formas.

Desde que se aprobó la ley trans, la Cátedra de Urología de Uruguay realizó cerca de 20 vaginoplastias al tiempo que en los prestadores de salud privados fueron menos de cinco.