Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica manifestó preocupación por el ingreso de criptoactivos al financiamiento político y por el aumento de investigaciones sobre financistas, que llegaron a 155 estudios de solvencia en la campaña presidencial de 2026. El organismo busca reforzar la trazabilidad de los recursos privados ante operaciones de mayor monto y nuevas vías para movilizar dinero hacia los partidos.

De acuerdo con el medio CRHoy, el TSE comenzó un plan piloto para implementar el Sistema Integral de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, una plataforma orientada a supervisar las cuentas partidarias en tiempo real. La primera capacitación reunió a representantes de 11 agrupaciones políticas y contó con el apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.

La herramienta tendrá un módulo contable adaptado al financiamiento electoral costarricense y otro destinado a los certificados de cesión, desde su emisión hasta la colocación. También prevé controles sobre cuotas de militancia, aportes que reciben las agrupaciones y préstamos.

Los estudios de solvencia aplicados a personas que aportaron dinero a campañas o adquirieron bonos de deuda aumentaron de 83 en 2022 a 155 en 2026. La revisión abarca recursos por ₡3,400 millones (USD 7,482.52), frente a los ₡2.800 millones (USD 6,162.07) analizados durante la campaña presidencial anterior.

En las elecciones municipales de 2020, el órgano electoral efectuó 65 estudios por ₡836,374,719,97 (USD 1,840,643.30). Para los comicios municipales de 2024, la cifra descendió a 40 procedimientos, correspondientes a ₡503,124.285 (USD 1,107.25).

Estos controles permiten verificar quién figura como aportante, si posee capacidad patrimonial para realizar la contribución y cuál es la procedencia efectiva de los fondos. Guiselle Valverde, encargada de Fiscalización de Información Financiera del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, explicó a CRHoy que el desafío no se limita a identificar a quien realiza una transferencia o entrega dinero.

La funcionaria sostuvo que las nuevas formas de mover recursos exigen actualizar los métodos de supervisión. “No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Identificar al aportante constituye uno de los elementos esenciales de control”, dijo.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos utiliza como referencia un umbral de $ 10,000 o ₡5 millones para abrir estudios de solvencia sobre donantes, contribuyentes, financistas, compradores de certificados de cesión, proveedores o prestamistas. Sin embargo, puede reducir ese límite cuando detecta factores de riesgo en operaciones de menor cuantía.

La campaña de 2026 registró además aportes y adquisiciones de certificados de cesión por más de ₡50 millones (USD 110,037.00) e incluso superiores a ₡100 millones (USD 220,074.00). Valverde indicó que ese volumen de operaciones individuales no se había presentado de la misma forma en procesos electorales anteriores.

De los 155 estudios vinculados con la última elección presidencial, 15 fueron remitidos al área de investigaciones del departamento para ampliar las diligencias sobre el origen y la trazabilidad de los recursos. El TSE no ha enviado a la Fiscalía informes sobre posibles irregularidades en donaciones, contribuciones, certificados de cesión o aportes de ese proceso.

Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, precisó que los casos continúan en una etapa inicial. “Los expedientes relacionados con el más reciente proceso electoral se mantienen abiertos y en desarrollo, en fase de recopilación y valoración de insumos probatorios”, afirmó en declaraciones recogidas por CRHoy.

El cambio desde la revisión de gastos hacia la procedencia del dinero

Entre 2010 y 2018, las investigaciones administrativas preliminares se concentraban principalmente en el uso de los recursos por parte de las agrupaciones políticas y en la veracidad de los gastos declarados durante las campañas. Desde 2022, la atención se desplazó hacia el origen de los fondos y las modalidades empleadas para realizar aportes.

Las aparentes irregularidades vinculadas con la liquidación de gastos aparecen con menor frecuencia desde entonces, mientras crece el número de análisis de solvencia y de pesquisas sobre posibles faltas o delitos electorales relacionados con el financiamiento. Según explicó la funcionaria al medio, cinco expedientes de campañas presidenciales llegaron al Ministerio Público desde la entrada en vigencia del Código Electoral de 2009.

Esos traslados no implicaron necesariamente que el departamento técnico hubiera concluido la existencia de irregularidades. Algunos expedientes fueron requeridos en el marco de investigaciones penales y otros se entregaron por órdenes judiciales de secuestro de información, debido a que contienen datos protegidos por el secreto bancario.