El régimen sandinista de Daniel Ortega lanzó una controvertida reforma al Código Penal de Nicaragua destinada a enjuiciar a opositores tanto dentro como fuera del país y permitiría imponer cadena perpetua a los condenados por lavado de activos.
Ortega envió este jueves a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, la propuesta que sugiere modificaciones en 27 artículos de la Ley No. 641, Código Penal, endureciendo las penas contra opositores y organizaciones no gubernamentales. Según esta enmienda, las leyes penales nicaragüenses se aplicarían también a delitos cometidos fuera del territorio nacional. Y entre los delitos a sancionar se encuentran amenazas a la integridad nacional, tráfico de migrantes, delitos contra la Administración pública, ciberdelitos y cualquier otro delito perseguible en Nicaragua.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su consulta, aunque, según el diputado oficialista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, podría ser aprobado la próxima semana, sugiriendo un proceso legislativo acelerado.
La reforma introduce penas de prisión de 10 a 15 años para aquellos que promuevan o celebren sanciones contra el régimen, sus negocios o funcionarios. Además, la propuesta incluye la inhabilitación y la confiscación de “bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”. Además, incrementa las penas hasta 30 años para quienes financien delitos de “menoscabo”, conocido como “traición a la patria”.
Entre las modificaciones también se establece la intervención judicial de organizaciones que violen derechos laborales, lo que puede culminar en la disolución de estas entidades si se comprueba la actividad delictiva. Las penas estipuladas en el paquete de reformas varían desde días de multa, confiscación de bienes, hasta prisión perpetua revisable y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas.
El ex diputado opositor Eliseo Núñez advirtió a la prensa local que la reforma penal permitirá que personas acusadas de lavado de dinero sean sentenciadas a cadena perpetua, afectando tanto a opositores como a manejadores de fondos de ONGs. Núñez señala que la reforma aumenta la criminalización y permite la confiscación de bienes, algo prohibido por la Constitución nicaragüense pero encubierto bajo la figura del “decomiso”.
Además, la reforma penal permite el enjuiciamiento en ausencia, perjudicando a exiliados que podrían ser procesados sin estar presentes para defenderse. La abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez señaló al medio 100%Noticias que esto viola el debido proceso y facilita la confiscación de propiedades sin sentencia firme, buscando silenciar a activistas y defensores de derechos humanos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Este jueves el régimen de Ortega también canceló la personería jurídica a Save the Children Canadá y a otras 168 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, elevando a cerca de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas desde 2018.
El proyecto de reforma que envió Ortega a la Asamblea Nacional de Nicaragua:
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