Los hijos del narco Sebastián Marset se mudaron a España, donde su mamá está detenida y podría ser extraditada

Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, llegó el 16 de julio a Dubái con la intención de entregarse en ese país. Unas semanas antes, sus hijos se habían radicado allí. Pero la mujer no pudo concretar sus planes: las autoridades migratorias de Emiratos Árabes Unidos la expulsaron, aunque sin detenerla, por la alerta roja que pesaba en su contra.

Fue entonces que García Troche decidió viajar a España, según declaró a La Diaria el abogado de la familia, Santiago Moratorio. La esposa de Marset llegó a Barajas con la documentación uruguaya y allí sí fue detenida. Su defensa asegura que García Troche se entregó para “solucionar el problema de una vez”, aunque las autoridades de los países de la región aseguran que el arresto fue la consecuencia de trabajos de inteligencia entre los países.

En las últimas semanas, los hijos de Marset y García Troche se trasladaron a Madrid, donde la familia alquiló una casa mientras la defensa aspira a que la mujer pueda esperar el juicio de extradición en libertad. La esposa del narcotraficante prófugo de la Justicia es requerida por Paraguay y Bolivia.

“Ella llegó a Dubái con la finalidad de entregarse porque está cansada de correr, de que la persigan por un delito que no cometió. No tiene antecedentes judiciales ni en Uruguay, ni en España, ni en Paraguay, ni en Bolivia. Hace poco saqué los antecedentes judiciales de la señora García Troche, que no dieron absolutamente nada, y esos antecedentes, que fueron legalizados y apostillados, ya están en Madrid en el expediente de extradición”, aseguró Moratorio al medio uruguayo.

Esos son parte de los argumentos que utiliza Moratorio para que su clienta no sea extraditada a Paraguay, donde es requerida por blanqueo de capitales y donde se pide para ella una pena de 22 años y seis meses.

Moratorio aseguró que Paraguay todavía no envió el exhorto de extradición a la Justicia española. El abogado señaló que la Oficina Nacional de Interpol Paraguay envió un informe con la situación jurídica de la arrestada, en la que, según la defensa, se comete un “error voluntario” porque se agregan delitos que no están en los expedientes judiciales (el de asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos).

Moratorio fue consultado por el usufructo de García Troche de bienes que fueron adquiridos a través del narcotráfico y respondió que, por el “solo hecho” de ser esposa de Marset, no hay un delito. “Ella vivió con él, crió a sus hijos, vivió en la misma casa pero no hubo ninguna maniobra de blanqueo. Por el solo hecho de ser esposa de no hay delito. Tampoco hubo un enriquecimiento ilícito porque el patrimonio de la señora García no se incrementó en ningún momento”, señaló, en diálogo con el diario uruguayo.

El defensor de la familia Marset cree que es “absurda” la pretensión de Paraguay y señaló que la Justicia paraguaya “va a quedar aún más expuesta” si se aplica uno de los artículos del Tratado de Extradición entre Paraguay y España que prevé que se ingrese en los delitos por los que el extraditable es requerido.

La estrategia de Moratorio, por tanto, es que la Justicia española ingrese en el fondo del asunto y desde allí se derriben los fundamentos del pedido de extradición.

Tras la detención de García Troche, Marset envió un audio a la televisión uruguaya en el que cuestiona a las autoridades paraguayas. Espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar y que quede claro que no es ninguna delincuente, que los delincuentes son los paraguayos que tiene a cargo ese caso por perseguir a una persona inocente”. "

Yo me encargaré con mis abogados de que, mínimo, destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso, porque la verdad es que les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado en mi mujer, en mis hijos, por sufrir esta situación, por más de dos años de persecución”, agregó.

Su comentario provocó que el gobierno de Paraguay decidiera reforzar la seguridad de los jueces y fiscales.