Investigan al alcalde de Guayaquil por subfacturación y tráfico ilegal de combustible en sus gasolineras

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y sus hermanos son investigados por la Fiscalía de Ecuador por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Los hermanos son dueños de Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa, empresas encargadas de la comercialización de combustibles. La investigación se originó de una denuncia presentada por la administración del presidente Daniel Noboa y, como parte de las diligencias, sucedieron los primeros allanamientos.

Álvarez llegó a la alcaldía del puerto principal de Ecuador en las elecciones municipales de febrero de 2023 apoyado por la Revolución Ciudadana, el movimiento del ex presidente sentenciado por corrupción, Rafael Correa. Tras un año en el cargo, Álvarez y Noboa mantienen una tensa relación política. Recientemente, ambas autoridades confrontaron por no coincidir en la forma de gestionar una garantía soberana para una zona de Guayaquil. Además, a pocos días de las fiestas de Guayaquil, el alcalde anunció que no invitaría a los festejos a ninguna persona del gobierno central; por lo que Noboa decidió organizar su propia sesión solemne, marginando al muncipio.

Según el gobierno nacional, los volúmenes de combustible entregados por Petroecuador a las empresas de los hermanos Álvarez no concuerdan con los volúmenes facturados en las estaciones de servicio. Además, en la denuncia se indicó que, gracias a la información recabada en varios operativos, se han obtenido pruebas, incluyendo grabaciones y testimonios que dan cuenta de una red de comercio irregular de combustibles.

En ese contexto, sucedieron los primeros allanamientos del caso Triple A, como lo ha denominado el Ministerio Público, el 23 de julio. Como parte de los indicios, las autoridades retuvieron computadores, documentos, facturas y dispositivos electrónicos.

En X, el alcalde Álvarez dijo estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía y aseguró que, sin necesidad de un allanamiento, hubiera entregado la información que el Ministerio Público requiere: “Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer. Nos hubieran solicitado directamente la información lo que habría hecho todo más fácil y sin necesidad de ningún acto urgente”, señaló en su publicación.

El logotipo que la Fiscalía ha utilizado para el caso que involucra a los Álvarez Henriques ha sido sumamente criticado por actores de opinión en redes sociales. En la gráfica se observan tres “A”, en alusión a Aquiles y a su hermano Antonio, ambos investigados y de apellido Álvarez. Dos de esas letras tienen franjas celestes y blancas, como la bandera de Guayaquil. La “A” central está dibujada como una torre de petroleo cuyo mechero desprende una llama de color rojo, igual a la que usa el logo de la Revolución Ciudadana. Los cuestionamientos a este diseño gráfico se enfocan en que se elimina la presunción de inocencia de los investigados y se ha acusado a la Fiscalía de mostrar sesgos políticos a través de esa ilustración. El Ministerio Público no ha respondido a las críticas.

El Código Penal del Ecuador establece una serie de sanciones, de acuerdo a la escala del delito de distribución ilegal de hidrocarburos, que van de dos meses a tres años. Según la norma: “Con la misma pena, será sancionada la persona en el caso que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad correspondiente del Estado”. Además, si participa en el delito una persona jurídica (como una empresa) se la clausurará de forma temporal por el mismo periodo que se encarcele a la persona natural. Esta inhabilitación se extenderá a los socios o accionistas de la empresa.