
(Desde Montevideo, Uruguay) - Una mujer de 48 años que vivía en la calle llegó a una cárcel uruguaya en un vehículo acompañada por otras personas. En un locker dispuesto para las visitas guardó una campera, que no se llevó al retirarse. Allí dejó un paquete de prensado paraguayo junto a un documento con el nombre. El ingreso de marihuana a la cárcel fue suficiente para que vaya a prisión por suministro de drogas en grado de tentativa. Una vez presa, comenzó a convulsionar hasta morir.
Cuando estaba detenida, la mujer fue interrogada por la policía, la fiscalía, su defensora y la jueza. También fue escaneada, pero el artefacto de seguridad no descubrió que la reclusa se había metido en la vagina un paquete con cocaína y otro con marihuana, informó El Observador. Eran 90 gramos en total, colocados en la profundidad de la cavidad vaginal.
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El paquete de cocaína se rompió y, como la mucosa del aparato genital absorbe muy rápido, la sustancia entró en contacto con la sangre. Así se generaron las convulsiones de la mujer, que tuvo un paro cardíaco que la llevó a morir.
Esta mujer de 48 años era una mula que se dedicaba a ingresar droga a las cárceles. Tenía varias visitas a establecimientos penitenciarios en Maldonado y Montevideo. Su caso sirve para ilustrar una de las tantas maneras en que se ingresa droga a las cárceles y que investiga la Fiscalía de Estupefacientes a cargo de Rodrigo Morosoli.
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En Uruguay hay grupos organizados dedicados a ingresar drogas a las cárceles de forma permanente. Son de “dudosa estabilidad” y “casi familiares” –declaró Morosoli a El Observador– y recurren a diferentes mecanismos para entrar las sustancias con mulas; a veces tienen la complicidad de policías y otras apelan a ocultamientos o engaños.
El ingreso de droga en el cuerpo está muy extendido, pero estos grupos se las ingenian para buscar otras alternativas como camuflar las sustancias en envoltorios cosidos a las plantillas de las zapatillas, en el relleno de los pañales de bebés u otras prendas, en el interior de palos de escoba, en doble fondos de carretillas, dentro de jabones, en las paredes de un termo, en un pote de dulce de leche o en el relleno de empanadas.
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Las organizaciones suelen ser dirigidas por presos que comercializan la droga dentro de las cárceles. En general, tienen reclutadores fuera de los centros penitenciarios que gestionan la droga y se la entregan a las mulas.
Los pagos los concretan a través de familiares, aunque no siempre estos correos humanos son remunerados por la tarea. Las ocasiones que sí, el monto que cobran oscila entre los US$ 13 y los USD 130. Sin embargo, muchas veces se trata de víctimas de violencia que son amenazadas o amedrentadas para que lleven a cabo la tarea.

Dentro de las cárceles, la droga puede llegar a costar tres o cuatro veces más respecto al precio que tienen afuera. La sustancia más frecuente que se comercializa es la pasta base, aunque también puede ser marihuana (en general, prensado paraguayo), cocaína, pastillas y fármacos.
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Un factor que preocupa a la Fiscalía es el riesgo para la salud que tienen las mulas. “Me interesa detectar el riesgo de muerte de las personas que están ingresando sustancias a la cárcel dentro de sus cuerpos sin ningún tipo de recaudo o aún teniéndolo insuficiente. Realmente es un peligro”, dijo el fiscal.
Mael Rodríguez es defensora de alguna de estas mujeres y ratificó que son amenazadas y violentadas para ingresar droga. Esto, lamentó, es difícil de probar. La mayoría de las veces los presos que las obligan a cometer el delito se comunican con ellas desde los teléfonos tarjeteros de las cárceles y no desde celulares para evitar dejar rastros de los contactos.
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