El Gobierno de Luis Arce acusó a sectores afines a Evo Morales de propiciar “un golpe de Estado” con el bloqueo de carreteras

La ministra de Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, acusó a sectores y organizaciones afines al ex presidente Evo Morales de intentar propiciar un “golpe de Estado” en el país a través del bloqueo de carreteras.

Varias organizaciones afines a Morales han anunciado que llevarán a cabo un bloqueo indefinido de carreteras a partir del próximo lunes en demanda por la renuncia de magistrados prorrogados, y como medida de presión para exigir elecciones judiciales.

Sin embargo, la ministra Prada ha recalcado que la responsabilidad de la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales corresponde a la Asamblea Legislativa y que en ese proceso “se cometieron una serie de entorpecimientos”, recoge El Deber.

“El interés por parte de algunas personas, que hoy se embanderan el nombre de la justicia, no es un compromiso real con la justicia para el pueblo, sino un interés político de generar un conflicto vinculado a una clase política”, ha añadido la ministra.

De acuerdo con Prada, estos grupos “coinciden en agenda y coinciden en intereses”, y buscan repartirse cargos judiciales “desde la generación de un problema judicial” a la par que “propiciar un golpe de Estado” y “propiciar una desestabilización y convulsión”.

Pese a todo, la ministra de Presidencia ha recalcado que el presidente de Bolivia, Luis Arce, y su Ejecutivo consideran que se deben llevar a cabo las elecciones judiciales como se establece en la Constitución, aunque estas no vayan a resolver los problemas que acarrea el país en esta materia.

Exigen renuncias

Los sectores afines a Morales dieron 72 horas para que todos los magistrados renuncien a sus cargos, caso contrario comenzará un bloqueo de carreteras el lunes.

Esta semana también se registraron varias protestas en Sucre, donde se encuentra el Órgano Judicial del país, exigiendo la renuncia de los magistrados. Hasta ahora cuatro se alejaron de sus cargos.

La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, el TCP y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.

En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.

Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un “vacío de poder”.

El Gobierno de Luis Arce indicó que Evo Morales intenta “convulsionar el país”, y que la solución es que la Asamblea Legislativa llegue a un consenso para lanzar lo más antes posible la nueva convocatoria para las elecciones judiciales.

(Con información de Europa Press y EFE)