Decenas de seguidores de Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS) y ex presidente de Bolivia (2006-2019), instalaron este lunes una vigilia frente al Tribunal Constitucional (TCP) para exigir la renuncia de los magistrados y la realización de los comicios judiciales que debieron efectuarse el año pasado.
El militante del MAS Juan Canasa dijo a los medios locales que la vigilia en las puertas del TCP en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, es “permanente” hasta que los jueces de los principales tribunales del país renuncien.
“El pueblo boliviano les ha dado el voto, (ahora) les pedimos que renuncien porque la democracia está en peligro”, remarcó.
En la protesta, un grupo de manifestantes chocó con la Policía cuando retiraron una barda o arnés de seguridad para llegar hasta las puertas mismas del Constitucional entre empujones y golpes contra los uniformados que utilizaron gas pimienta.
“Lucho (Luis Arce) traidor”, “basta de abuso de poder”, eran algunas de las inscripciones en los carteles que se pegaron en los muros del tribunal.
Ante esto, el subcomandante de la Policía de Chuquisaca, Bismark Pereira, dijo a los medios que se reforzaron las medidas de seguridad “en todas las instituciones del poder Judicial” en Sucre.
A principios de diciembre, el Constitucional dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados a partir de enero para “evitar un vacío de poder” y hasta que se realicen los nuevos comicios judiciales este año.
El mandato de los altos magistrados del Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura del país debía concluir este 2 de enero.
La Constitución, promulgada en 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los máximos tribunales del país, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
Durante 2023, el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS, que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.
El TCP también emitió otros dos fallos polémicos, uno el pasado 29 de diciembre que establece que la reelección en Bolivia es por una única vez, sea continua o discontinua, pero dentro de una sentencia sobre un recurso que objetó la convocatoria a los comicios judiciales, en abril de 2023.
Según esto, Evo Morales estaría inhabilitado para una futura elección, debido a que ya ha gobernado el Ejecutivo durante tres períodos, 2006-2009, 2009-2014 y 2014-2019, pese a que el MAS lo proclamó como “candidato único” para las presidenciales de 2025.
Hace unos días, el TCP ordenó la suplencia temporal del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está preso preventivamente hace más de un año, acusado por terrorismo y otros delitos por liderar en 2019 las protestas contra Morales, quien renunció a la Presidencia denunciando un “golpe de Estado”.
El dictamen ocasionó una división en Creemos, partido opositor de Camacho que dirige la Gobernación de Santa Cruz, que se resiste a que el vicegobernador Mario Aguilera, a quien se acusa de traidor y afín al MAS, asuma el cargo.
El fin de semana, Evo Morales acusó al Gobierno de Luis Arce de “instruir” varias las últimas resoluciones del TCP.
Arce y Morales, ambos del MAS, están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a fines de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros y varias denuncias contra el Gobierno que el presidente ha ignorado.
(Con información de EFE)
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