El presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó prolongar por un año la declaración de emergencia nacional por la “amenaza” que representa la situación en Nicaragua para “la seguridad nacional y la política exterior” norteamericana, informó este jueves la Casa Blanca.
La situación en Nicaragua, gobernada por el dictador Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señala Biden en un decreto.
El presidente cita “la respuesta violenta” a las protestas que comenzaron en abril de 2018, “el continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho”, el “uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles” y la corrupción “que conduce a la desestabilización de la economía”.
Por este motivo, Biden decidió que la emergencia nacional declarada en 2018 siga en vigor una vez que expire el próximo 27 de noviembre.
Las protestas antigubernamentales de 2018, que se prolongaron al menos tres meses con bloqueos de carreteras y enfrentamientos, se saldaron con más de 300 muertos, según la ONU.
El régimen de Ortega las vinculó con un supuesto golpe de Estado fallido promovido por Washington.
La relación entre Estados Unidos y Ortega, un ex guerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional y que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al régimen de Nicaragua por sus medidas contra los opositores, muchos de los cuales fueron detenidos, se vieron obligados a exiliarse o despojados de su nacionalidad. Además Managua ha prohibido más de 3.000 ONG.
La crisis de los derechos humanos “continúa profundizándose” en Nicaragua, donde la sociedad civil no puede participar en la vida social y política “de manera libre y segura”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe publicado este jueves.
Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, Nicaragua canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones de un total de 7.227 registradas en el país en 2018, cuando estallaron protestas gubernamentales que se saldaron con unos 300 muertos.
La CIDH lo considera un ataque “al pluralismo” que demuestra la intención “de cerrar completamente el espacio cívico y democrático” en el país.
En Nicaragua “prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno mediante la imposición de un estado policial”, denuncia.
Estas restricciones “han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo” y a la ausencia de “límites y contrapesos”.
La CIDH cita por ejemplo el hecho de que la Asamblea Nacional haya facilitado la aprobación de normas y reformas legales del régimen.
Además los recursos interpuestos contra estas normas han perdido todo sentido debido a “la falta de independencia del poder judicial”.
“Como consecuencia de esta escalada represiva” decenas de organizaciones y activistas “se han visto forzados al exilio” y los que siguen en el país “trabajarían en la clandestinidad, en un clima de miedo, persecución y autocensura”, señala.
Las autoridades nicaragüenses suelen seguir un patrón: prohíben manifestaciones, luego llevan a cabo detenciones arbitrarias, “más de 2.000″ desde el 18 de abril de 2018, y emprenden campañas de desprestigio y hostigamiento.
Además el organismo afirma tener constancia de que retiran y retienen pasaportes o se niegan a expedirlos para impedir la salida de personas al extranjero. Y a otros les impiden regresar al país.
La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Nicaragua dejará de ser miembro el 19 de noviembre por expreso deseo de Ortega.
(Con información de AFP)
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