Autoridades de Argentina y Perú acusan a Evo Morales de injerencia en su política interna

El ex presidente Evo Morales admitió que apoya las protestas de la fronteriza provincia argentina de Jujuy, mientras mantiene su respaldo a las organizaciones peruanas que buscan anexar la provincia de Puno a Bolivia.

En esos dos países vecinos, el cocalero boliviano es acusado de promover los disturbios, con el envío de militantes en el caso argentino, y de propaganda y armas en el caso peruano.

El “comandante” de los productores de coca tiene conexiones con quienes la cultivan en Perú y en Argentina, aunque todo disfrazado de reivindicaciones de pueblos indígenas de ambos países, dice el opositor boliviano José Carlos Sánchez.

En un tuit, el cocalero señaló: “Condenamos la brutal represión que sufren nuestras hermanas y hermanos en Jujuy. La violencia, el discurso de odio racial y mentiras de una autoridad que apoyó el golpe de Estado en Bolivia no acallarán el clamor de paz, soberanía y dignidad de las organizaciones sociales”.

Se refería, en realidad, a la furiosa arremetida de los enemigos de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy desde 2015, que acaba de aprobar una nueva constitución para la provincia, arremetida que llegó a destruir edificios públicos y dejó muchos policías heridos, pero también se refería a la protesta nacional boliviana que lo obligó a renunciar y fugar en 2019 al cocalero boliviano.

Según el cocalero, el gobernador de Jujuy apoyó la protesta boliviana de 2019, aunque no se sabe cómo pudo hacerlo, y por eso quisiera derrocarlo enviando autobuses llenos de militantes de esta corriente política para las salvajes protestas.

La ex presidente Jeanine Áñez (noviembre 2019-octubre 2020), desde la cárcel donde está sin sentencia, dijo en las redes sociales: “Lo que sucede en Jujuy, en Araucanía, en Perú... No son hechos aislados. Como en Bolivia en 2019. Es el mismo modelo de autores inMorales que instiga a la violencia premeditada para imponer a perpetuidad su régimen autoritario de pobreza, narco, prebenda, desinstitucionalización”.

Periodistas de Villazón, ciudad boliviana fronteriza con La Quiaca, de Argentina, dicen que los autobuses con militantes del partido del cocalero Morales, a los que se refiere el gobernador de Jujuy, partieron por la noche anterior a los disturbios.

Dicen que es costumbre que los peronistas de la línea de los Kirchner lleven ciudadanos bolivianos a votar en Argentina, y es probable que sean los mismos ciudadanos que ahora fueron a Jujuy para sumarse a los llegados del sur de ese país para la asonada contra el gobernador.

“Vienen los kirchneristas y se llevan a los votantes ofreciéndoles el pago del pasaje y el alojamiento, y como la mayoría de los villazonceños tienen doble nacionalidad, se van a votar o hacer lo que sea”.

Villazón, igual que Bermejo y Yacuiba, otras ciudades fronterizas con Argentina, es el paso de cargamentos de coca procedente de Yungas de La Paz, coca que consumen muchos habitantes del norte argentino. La ex diputada Jimena Costa calcula que unas 12.000 toneladas de coca boliviana es exportada cada año a la Argentina.

La droga va también en avionetas y algunas de ellas, que no pueden aterrizar, producen lo que se llama la “lluvia blanca” sobre la provincia de Salta, que son las cargas lanzadas desde el aire en lugares convenidos con sus socios argentinos. Un centro de radares instalado en Tartagal, Salta, fue desmantelado por el gobierno de Alberto Fernández, lo que facilita el tráfico de las avionetas bolivianas.

Sobre la injerencia de Evo Morales en la política interna de Perú hay ahora informes de armas de guerra encontradas en Puno, robadas o arrebatadas al ejército boliviano.

El cocalero Morales mantiene sus críticas al gobierno de Dina Boluarte de Perú y dice apoyar a sus “hermanos” peruanos que habrían sido reprimidos por la policía. Había exigido a la cancillería la designación de su seguidora Lidia Patty, como consulesa en Puno, pero el gobierno peruano la rechazó debido a que no cumplió con los protocolos diplomáticos que se aplican para estos casos.

Si Perú y Argentina protestan por la injerencia política del cocalero Morales, Chile quisiera que se acabara el robo de vehículos que son traídos a Bolivia. Un informe de la policía boliviana dice que en los últimos diez años un total de 6.000 vehículos robados en Chile están en Bolivia.

La semana pasada un ciudadano chileno pudo llevarse el vehículo que perdió en 2019. El vehículo había sido donado por el presidente Luis Arce al parlamento boliviano. El propietario debió permanecer varios días en Bolivia, pagar costos de “depósito” de su vehículo y esperar que terminen los trámites kafkianos de la policía boliviana.

Mientras tanto, una avioneta boliviana cargada con droga se precipitó a tierra en Brasil, cerca de la ciudad de Corumbá. Del lado boliviano, la ciudad de San Matías es el lugar donde operan, y se enfrentan, los cárteles brasileños Primer Comando da Capital y Comando Vermelho.

Ante este panorama, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (93) propuso desde Washington, donde vive exiliado, que Bolivia vuelva a ser una república, adopte el federalismo, pero sobre todo frene al narcotráfico y la corrupción en que estarían envueltos los gobernantes del MAS.

Seguir leyendo: