Cinco años del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín: promesas incumplidas e impunidad en el caso más doloroso de la prensa ecuatoriana

En la redacción central de diario El Comercio de Quito esperaban la nota del periodista Javier Ortega y las fotografías de Paúl Rivas para cerrar la edición del 26 de marzo de 2018. En el periódico, uno de los más antiguos del Ecuador, habían reservado un espacio para publicar lo que Javier debía reportar desde Mataje, un poblado ubicado en la frontera colombo ecuatoriana, en Esmeraldas, una de las provincias históricamente abandonadas por el Estado y tomada por grupos armados irregulares y bandas del crimen organizado. Pero ni el reporte ni las fotos llegaron.

Esa mañana de hace cinco años, Javier y Paúl, acompañados por Efraín Segarra, el conductor con alma de periodista que los transportaba, salieron de su hotel en San Lorenzo, en Esmeraldas y se dirigieron a Mataje. Una grabación de seguridad sería el último registro de Javier, Paúl y Efraín en libertad, antes de que fueran secuestrados por el grupo Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada por alias Guacho.

Desde las 14h00 del 26 de marzo de 2018, Geovanny Tipanluisa, entonces editor de la sección judicial de El Comercio, llamó a Javier para saber cómo avanzaba su cobertura. Tanto Tipanluisa como Javier habían planificado reportar en la frontera: Javier en Mataje y Geovanny en el Putumayo, en la selva ecuatoriana.

En conversación con Infobae, Tipanluisa recordó que apenas logró obtener señal móvil intentó comunicarse con Javier, pero con cada llamada enseguida entraba el buzón de voz: “Le llamé como cinco veces y estaba apagado el teléfono. Me pareció súper raro porque Javier era de esas personas que tú llamas y te contestaba inmediatamente”.

Ante la falta de respuestas, Geovanny incluso le pidió a su fotógrafo que intentara contactar a Paúl, pero nuevamente el teléfono enviaba directamente al buzón de voz. La cobertura continuó y a las 17h30, Tipanluisa intentó comunicarse nuevamente con Javier, pero el resultado fue el mismo.

Geovanny llamó al director del periódico y le contó que no tenía respuesta del equipo. Mientras resolvía cómo llenarían el espacio que estaba reservado para la nota de Javier, Tipanluisa recibió una llamada que quedaría grabada en su memoria: le confirmaron que Javier, Paúl y Efraín estaban secuestrados.

La nota que no llegó, las fotografías que no se enviaron, las llamadas sin repuestas, el espacio vacío en la edición serían solo el inicio del episodio más trágico del periodismo ecuatoriano y del tortuoso camino que las familias de Javier, Paúl y Efraín empezaron a transitar para exigir justicia y para mantener viva la memoria del equipo periodístico.

Lo que sucedió a partir de la confirmación del secuestro de los colegas de diario El Comercio ha sido reconstruido por varias investigaciones y reportajes periodísticos a través de los testimonios de los familiares y amigos de Javier, Paúl y Efraín, así como por los reportes oficiales y la colaboración de periodistas colombianos que también siguieron el caso.

El 26 de marzo del 2018, los tres fueron secuestrados. Dos semanas después, el 13 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato de Javier, Paúl y Efraín.

Desde entonces dos gobiernos han ofrecido desclasificar las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad. La información contenida en esos documentos podría esclarecer el oscuro y ambiguo tratamiento gubernamental que se dio al secuestro del equipo periodístico. También, desde hace cinco años, la consigna de “Nos faltan tres” aún resuena entre los periodistas ecuatorianos que hoy viven una escalada de violencia que antes no se había experimentado en el país y que deben reportar aunque aún no existan garantías para el ejercicio profesional.

Según relata el libro Viaje sin retorno, escrito por varios periodistas ecuatorianos y colombianos; dos días antes del secuestro, Yadira Aguaguallo le dijo a Paúl, su pareja, que no viajara a Mataje. Aguaguallo sentía que era muy riesgoso, pero Paúl, que amaba viajar y retratar distintas realidades con su lente, ya había decidido tomar ese turno a petición de sus jefes del diario, pese a que no le correspondía.

Yadira, que también es periodista y comunicadora, ha sido una de las voces visibles en estos años frente a la impunidad e indolencia estatal que han afrontado como familiares de Javier, Paúl y Efraín. En varias ocasiones ha tenido que relatar las escenas dolorosas y las contradicciones de las autoridades que no permitieron si quiera que se contactara a un equipo de expertos extranjeros para la liberación de los periodistas.

Luego de un lustro desde el secuestro y el asesinato, Yadira Aguaguallo explicó a Infobae que, como familiares, consideran que “se ha configurado una política de Estado, esa política es de silencio”. Este silencio no solo abarca a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, sino a todas las entidades responsables de la investigación: “No han cumplido ni siquiera con lo más mínimo que eran acciones de reparación simbólicas, relacionadas con espacios de memoria para el equipo periodístico”, señaló.

En siete ocasiones Moreno ofreció desclasificar la información, Lasso hizo la misma promesa dos veces. Ninguno de ambos cumplió. Aguaguallo contó que en mayo de 2018, el gobierno de Moreno entregó 700 páginas que supuestamente eran información clasificada, pero no era así. “Apenas el 20% era aprovechable”, dijo Aguaguallo y recordó que en la Corte Constitucional se encuentra una solicitud de entrega de la información que no ha sido respondida.

María Sol Borja, editora política de GK y una de las periodistas que investigó el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio, relató que esa información que le entregó el gobierno a las familias eran notas de condolencia y recortes de prensa.

También Borja coincide con Aguaguallo en que la responsabilidad es estatal: “No solo de los dos gobiernos consecutivos sino del Estado como tal, porque la investigación en la Fiscalía aún duerme el sueño de los justos. Las familias no han podido obtener justicia, el caso ha quedado impune y, evidentemente, sin justicia es imposible que haya reparación”.

Por su parte, Diego Cazar, editor de La Barra Espaciadora y también parte del equipo periodístico que siguió el caso de Javier, Paúl y Efraín, contó a Infobae sobre el ofrecimiento personal que Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, realizó a Ricardo Rivas, hermano de Paúl: “Días antes de que Guillermo Lasso vencieran las elecciones de 2021 y asumiera el poder le dijo personalmente a Ricardo que le iba a invitar a una reunión y que él iba a apoderarse de conducir o de presionar para que este caso tuviera una salida, pero esa reunión nunca se dio”.

Esa es una de las tantas promesas incumplidas. Según Cazar, Ricardo y las familias de Javier, Paúl y Efraín se sienten “absolutamente insultadas”. En esto coincide, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, quien aseguró que el comportamiento de los funcionarios y agentes del Estado ha sido indolente con las familias y que incluso han tratado de negar cualquier tipo de responsabilidad del Estado, negando cualquier signo de empatía con los familiares de los periodistas.

Cazar, que también es parte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, acudió junto a los familiares a una reunión con la entonces ministra de gobierno, Alexandra Vela, pero fue “tristísimo darnos cuenta de que esa reunión no pasó de hacernos perder el tiempo porque no ocurrió absolutamente nada”, cuenta el periodista.

“La Fiscalía también ha actuado de forma indolente”, aseguró Ricaurte al referirse a que el caso ha pasado por cuatro fiscales, algunos de ellos sin la experticia para llevar la investigación.

Para Aguaguallo, “es frustrante tener conciencia de que este es un caso que se encuentra en la impunidad”. Ella considera que cada vez que un periodista es agredido o amenazado en Ecuador, las familias de Javier, Paúl y Efraín sienten que “que haber dejado esto en la impunidad tiene mucho que ver” con la falta de garantías para ejercer el periodismo: “la prensa trabaja bajo ataque sin que el secuestro y el asesinato haya dejado ninguna lección para proteger a las y los periodistas”, aseguró.

Aunque en Colombia se sentenció a dos autores materiales del secuestro, “no es suficiente porque Colombia no ha contribuido al esclarecimiento de todos los hechos con relación a este caso”, mencionó Aguaguallo.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín se convirtió en un caso emblemático que demuestra los riesgos para el periodismo en contextos de penetración de grupos armados y crimen organizado. Desde hace cinco años, los periodistas en Ecuador enfrentan nuevos contextos para ejercer su trabajo y cada vez son el blanco de más ataques y agresiones.

Geovanny Tipanluisa explicó que, a partir del caso Nos faltan tres, el periodismo “ha cambiado por completo”. El periodista, con 24 años de ejercicio, aseguró que la cobertura de zonas como Mataje y otros poblados de la frontera norte ahora no existen, porque los reporteros ya no pueden ingresar, por ende las redacciones solo cuentan con la información oficial emitida, generalmente, por las Fuerzas Armadas o la Policía. Para Tipanluisa, el mayor perdedor es el país porque “no sabemos lo que está pasando”.

Por su parte, Cazar explicó que cada vez es más frecuente que una cobertura, que antes se consideraba regular, sea de riesgo para los periodistas: “Ecuador está viviendo uno de los momentos, sino el peor, en cuanto a la libertad de expresión y de los derechos de la prensa libre. Esto ha incrementado desde el gobierno de Rafael Correa hasta la fecha porque se ha garantizado un escenario de impunidad”.

Además, Cazar recalcó que la actual situación de la prensa atraviesa al Estado y no solamente a los distintos gobiernos. Para Cazar, el mensaje estatal que se emite a través de la impunidad es que “la prensa es un objeto fácil de de ser vulnerado de ser victimizado y eso es muy grave”.

Borja, en cambio, aseguró que el secuestro y asesinato de los colegas de El Comercio fue un despertar sumamente doloroso para el periodismo nacional, aunque reiteró que “la memoria es frágil”. Para la editora política, hace cinco años Ecuador recibió la alerta más visible de la permeabilidad del crimen organizado y las fuerzas del orden, pero lamenta que aún en las redacciones no existan protocolos de seguridad para proteger a los periodistas en estos contextos. Borja también cuestionó la ineficacia del Estado para garantizar el trabajo de los comunicadores: “Si el Estado no te puede garantizar (el ejercicio) sin que haya crimen organizado. Ahora no me quiero imaginar cómo te lo va a garantizar cuando hay crimen organizado que permea los distintos niveles”.

Tanto Borja como Cazar y Ricaurte coinciden en que las agresiones y ataques contra los periodistas no provienen de un solo actor sino de cualquier poder: político, económico o delincuencial, que buscan callar a la prensa.

Esta semana, por ejemplo, cinco periodistas fueron el blanco de ataques con memorias USB que contenían explosivos. Cuatro de estos dispositivos fueron entregados y solo uno estalló. Solo en el 2022, se registraron más de 350 agresiones en contra de la prensa, según contabilizó Fundamedios. Esta fue la cifra más alta contabilizada desde 2018.

Para Ricaurte, la situación de los medios de comunicación y de los periodistas se ha precarizado con el paso de los años. Además cree que los temas de seguridad fueron relegados por muchos medios en su esfuerzo de sobrevivir a otro tipo de situaciones, como la pandemia donde cientos de periodistas fueron despedidos.

Como un ejercicio de memoria y para exigir justicia, el lunes, 28 de marzo, los familiares de Javier, Paúl y Efraín, acompañados por sus colegas, asociaciones de desaparecidos y otras víctimas de la indolencia e impunidad estatal, realizarán un plantón frente al Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano en Quito.

“Ese día será especial para nosotros y para todas las víctimas del Estado ecuatoriano, pues nos uniremos en un solo puño para recordarle al país que nos faltan todas y todos”, se lee en la invitación que realizaron los familiares a la prensa.

A cinco años de ese viaje sin retorno de Javier, Paúl y Efraín; sus colegas sabemos que la única forma de preservar su memoria es con más y mejor periodismo, es contando esas historias que a ellos se les impidió contar, es acompañando a sus familias en la lucha por justicia. Aunque siempre nos faltarán tres y aunque por ellos nadie se cansa, hoy los periodistas ecuatorianos exigimos que no nos falte nadie más.

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