Una serie de errores impidió que la oposición avance con el juicio político contra de Guillermo Lasso en Ecuador

La moción para acusar al presidente Guillermo Lasso que iba a ser trasladada a la Corte Constitucional del Ecuador aún no sale del congreso del Ecuador. Este martes se conoció que los legisladores reconsiderarán la votación con la que el máximo órgano administrativo del congreso aprobó el juicio político. La medida se dio porque esperan que se subsanen errores en la petición que llegará al alto tribunal. Una vez enviado, el máximo órgano del poder judicial tiene seis días para pronunciarse sobre si acepta o no la solicitud de interpelación.

Esteban Torres, líder de la bancada del Partido Social Cristiano, indicó que “varios sectores de la asamblea hemos decidido que el documento vaya sin fallas a la Corte Constitucional”, para ello se reconsiderará la votación sucedida el lunes e incluso se podría devolver el pedido a los proponentes.

Cinco de los siete integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) admitieron la petición de juicio político al presidente de la República del Ecuador por presuntas faltas a la gestión pública, imputables en delitos penales contra la administración.

Las diputadas Natalie Arias del oficialista movimiento CREO y Johanna Moreira de la Izquierda Democrática (ID) no participaron de la decisión del CAL, absteniéndose y repitiendo las denuncias formuladas por sus bancadas sobre la ausencia de forma en la acusación presentada en el informe de investigación que contiene los cargos que se le imputa al mandatario. Además, coinciden en indicar que los errores no han sido subsanados según ningún procedimiento legal.

Para apoyar el proceso político contra el presidente firmaron los diputados Virgilio Saquicela (exmiembro de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional), Marcela Holguín, Ronny Aleaga, Esteban Torres y Darwin Pereira, todos opositores y miembros los partidos Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Pachakutik. La resolución asegura que se ha verificado la solicitud de juicio político prevista en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa. Esto significa que la petición dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, estaría debidamente elaborado, enumeraría los cargos contra el presidente de la República y que se encontraría impulsado por, al menos, un tercio de los miembros del Congreso del Ecuador. Pero solamente este último requisito es el que realmente se cumple.

El texto adoptado dispone que la resolución será enviada al secretario general de la Asamblea junto con la moción de acusación al presidente Guillermo Lasso Mendoza y a la Corte Constitucional para que proceda a emitir el dictamen de admisibilidad o inadmisibilidad.

El 16 de marzo pasado, los diputados opositores Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo firmaron la solicitud de interpelación, pero en la petición incluyeron disposiciones incorrectas de la Constitución y de la ley legislativa con respecto al juicio político del presidente. Las disposiciones citadas se referían a otras autoridades, lo que podría acarrear la nulidad de la solicitud porque no se cumpliría con el requisito de individualización de las causas para la acusación constitucional.

Por esto la diputada del bloque correista, Viviana Veloz, se adelantó a comunicar al presidente del legislativo un alcance al documento, algo como una “fe de erratas”. Sin embargo este nuevo texto contenía más errores, esta vez relativos al procedimiento para la destitución de los ministros de Estado y de otros funcionarios de los órganos de control estatal, disposiciones inaplicables al presidente de la República.

Para implementar estas modificaciones, agregó la legisladora Moreira, el CAL debía ordenar los cambios o adiciones que debían introducirse en el documento original en un plazo de tres días, texto que debería nuevamente contar con las 59 firmas a favor de las correcciones. Pero esto no se hizo y el documento erróneo fue aprobado por el CAL.

Por su parte, el diputado Darwin Pereira, delegado de Pachakutik ante el CAL, anunció que acogerá el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), un órgano administrativo de inferior jerarquía que el Consejo o el Pleno congresales, en el que se recomienda notificar la acusación a la Corte Constitucional. El informe de la UTL está firmado por Jorge Soza Meza, antes abogado de Édison Washington Prado Álava “alias Gerald” conocido también como “El Pablo Escobar de Ecuador” que es un narcotraficante detenido en Colombia en 2017 y que actualmente cumple una condena de 19 años en una prisión de los Estados Unidos.

La diputada Natalie Arias del oficialismo, e integrante del CAL, aclaró que la UTL no tiene la autoridad para decidir si hay fundamento o no para interponer una interpelación política al presidente de la República. Aseguró que el documento presentado por la UTL para el juicio político es infundado y que pretende justificar errores que no han sido jurídicamente subsanados.

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