La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este sábado el Informe de una de las comisiones que investiga supuestos actos de corrupción del círculo cercano del presidente Guillermo Lasso y que sugirió el enjuiciamiento político de censura del mandatario.
El informe sobre el caso denominado “Encuentro” -y también conocido como “Gran Padrino”- obtuvo luz verde con 104 votos a favor, de los 125 asambleístas presentes, y sólo 18 estuvieron en contra y tres se abstuvieron, durante la sesión abierta exclusivamente para debatir el tema planteado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia, y la Lucha contra la corrupción.
La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, en la que se menciona la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos “contra la seguridad del Estado” o por “concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito”. También establece que para ello “se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo”.
Si bien la aprobación de este sábado constituye simplemente una sugerencia y no significa que se inicia automáticamente el juicio, esto abre paso a que un legislador presente la solicitud formal del juicio político. Para ello, requiere del respaldo de por lo menos otros 46 legisladores.
La sesión comenzó cerca de las 8:00 horas y se extendió durante siete horas en las que se leyó la totalidad del informe e intervinieron los 41 legisladores.
Ya el miércoles, la Comisión había recomendado al pleno del Parlamento que interpelara a Lasso por los supuestos actos de corrupción por los que está siendo investigado, una postura respaldada por seis de los integrantes y sólo objetada por uno.
La Comisión investiga al mandatario por su rol en una presunta trama de corrupción de empresas públicas en la que aparecen empresarios como Danilo Carrera, cuñado de Lasso; Hernán Luque, ex delegado del presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, aunque fue archivada.
Desde el Gobierno, han criticado el informe y rechazaron el avance del Parlamento sobre el caso ya que lo definen como “un evidente acto de desestabilización y no de fiscalización”.
El Ministro de Gobierno Henry Cucalón declaró, en ese sentido, que “muchas voces a lo largo y a lo ancho del país han repudiado este informe, inclusive personas que son críticas del Gobierno” y consideró que “el pleno de la Asamblea Nacional una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la comisión ocasional que, en la forma, carece de validez jurídica y no es vinculante”.
El Ministro justificó su postura sobre el “mamotreto que no tiene ni pies ni cabeza” ya que considera que no contiene evidencias de actos ilícitos por parte del mandatario -algo que la oposición asegura que sí existe ya que Lasso estaba al tanto de las operaciones y no actuó para frenarlas-.
De todas formas, Cucalón mencionó que la Asamblea Nacional será quien decida “acogerlo o no y, aún así, si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político”.
El avance de la investigación por parte de la Comisión legislativa se da en un momento en el que el Gobierno de Lasso está debilitado tras haber sufrido un duro golpe político el pasado 5 de febrero, cuando fue derrotado por la oposición en un referéndum que el oficialismo mismo impulsó con temas clave como seguridad, democracia y medioambiente.
(Con información de EFE y AFP)
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